“Sin comedor no hay inclusión”: familias de alumnado con parálisis cerebral protestan contra la Junta por dejar sin ayuda el servicio de comedor
Un centenar de personas se concentra ante la Delegación de Educación en Cádiz para reclamar la recuperación de la subvención del comedor del centro de educación especial de UPACE San Fernando
Un centenar de personas, de familias y profesionales, se ha concentrado este jueves ante la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz para denunciar la pérdida de la subvención del comedor escolar del centro de educación especial Infanta Cristina de UPACE San Fernando.
Bajo el lema “Sin comedor no hay inclusión”, madres y padres de alumnado con parálisis cerebral han reclamado a la administración autonómica una solución urgente para un servicio que consideran esencial para la educación, la salud y la autonomía de sus hijos e hijas.
La protesta, respaldada también por otros centros de educación especial de la provincia, ha servido para visibilizar la preocupación de las familias después de que el centro quedara fuera de la última convocatoria de subvenciones de la Junta para financiar el comedor escolar. La situación obliga ahora a cada familia a asumir un coste cercano a los mil euros anuales por un servicio que, en estos centros, forma parte del propio proyecto educativo.
Durante la concentración se leyó un manifiesto en el que las familias denunciaron que los criterios de baremación utilizados en la convocatoria no tienen en cuenta las necesidades específicas del alumnado con grandes necesidades de apoyo. “Sin comedor no hay inclusión”, repitieron varias veces los asistentes al final de la lectura del texto.
Un servicio educativo esencial
Esperanza Fernández, madre de dos alumnos del centro, fue la encargada de leer el manifiesto en nombre de las familias. Durante su intervención recordó que el comedor escolar en un centro de educación especial no es un servicio complementario, sino una parte fundamental del proceso educativo.
“El comedor escolar de un colegio de educación especial no debe ser un lujo”, afirmó durante la lectura. Según explicó, muchas de las tareas que se realizan durante ese tiempo están relacionadas con el aprendizaje de habilidades básicas vinculadas a la alimentación y la autonomía personal.
En el caso de alumnado con parálisis cerebral y otras discapacidades severas, comer y beber requiere el apoyo de profesionales especializados que trabajan aspectos como el control postural, la deglución o la prevención de atragantamientos. Por este motivo, el comedor está integrado en el horario lectivo y forma parte del proyecto curricular del centro.
Las familias denuncian que la orden de subvenciones no contempla este componente educativo y que el sistema de concurrencia competitiva penaliza a los centros específicos frente a los colegios ordinarios, al contar con menos alumnado y, por tanto, obtener menor puntuación en la baremación.
Familias obligadas a asumir cerca de mil euros al año
Quedar fuera de la convocatoria supone ahora un importante esfuerzo económico para las familias del centro, que deberán pagar alrededor de 986 euros al año por el servicio de comedor.
En el manifiesto leído durante la protesta también se denunció que muchas de estas familias ya afrontan gastos elevados derivados de terapias, tratamientos y cuidados específicos que requieren sus hijos e hijas.
“¿Que no son vulnerables nuestros hijos? Que venga alguien y lo vea”, señaló la madre durante la lectura del texto, en el que se recordó que gran parte del alumnado cuenta con grados de discapacidad superiores al 50 por ciento.
Las familias también cuestionan que el criterio de vulnerabilidad no otorgue mayor puntuación a estos centros, pese a que atienden a alumnado con altos niveles de dependencia.
Durante la concentración, las familias reclamaron a la Junta de Andalucía que revise los criterios de concesión de estas ayudas y amplíe la dotación presupuestaria para evitar que los centros de educación especial queden excluidos.
Entre las propuestas planteadas figura que el servicio de comedor se incorpore directamente a los conciertos educativos que mantienen estos centros con la administración autonómica, de modo que no dependa cada año de convocatorias competitivas.
Las familias insisten en que la gratuidad del comedor escolar es indispensable para garantizar la inclusión educativa del alumnado con discapacidad. Por ello, reclaman una solución que permita asegurar este servicio en el futuro.
“Sin comedor nuestros niños y niñas no tienen una verdadera inclusión”, concluyeron durante la protesta.