'Sin comedor no hay inclusión', la protesta que sacude San Fernando por 81 alumnos afectados
81 familias, obligadas a pagar mil euros por alumno tras perder el comedor escolar en San Fernando
La pérdida de la subvención autonómica para el comedor escolar ha reactivado la movilización de UPACE San Fernando, que ha convocado una nueva concentración para reclamar una solución urgente.
La entidad denuncia que el servicio es esencial en un centro de educación especial y alerta del impacto económico y social que sufrirán decenas de familias si no se corrige la situación.
San Fernando: una protesta por un servicio que consideran esencial
UPACE San Fernando volverá a salir a la calle el próximo 29 de abril para denunciar la pérdida de la subvención autonómica destinada al comedor escolar del curso 2025-26. La entidad sostiene que la decisión comunicada por la Junta semanas atrás llega cuando muchas familias ya habían organizado su economía contando con esa ayuda.
Ahora, explica el centro, ochenta y una familias deberán asumir alrededor de mil euros por alumno para mantener un servicio que consideran imprescindible. La asociación recuerda que no se trata de un recurso accesorio, sino de una herramienta educativa integrada en la jornada lectiva y adaptada a alumnado con grandes necesidades de apoyo.
En el comedor, añaden profesionales y familias, se trabajan hábitos básicos que después repercuten en la autonomía personal. Allí se refuerzan el control postural, la deglución segura, la prevención de atragantamientos y rutinas de alimentación ajustadas a cada caso. También se desarrollan habilidades sociales, tiempos de espera y comunicación funcional con apoyo especializado.
Por eso el lema elegido para la protesta, "sin comedor no hay inclusión", resume una idea central: sin ese espacio muchos alumnos perderían oportunidades que no pueden sustituirse en casa.
La concentración se ha convocado para las seis de la tarde en la plaza de España de Cádiz, frente a la Delegación del Gobierno andaluz. UPACE espera reunir a familias, profesionales y vecinos para reclamar una solución estable y urgente.
La organización insiste en que la educación inclusiva necesita recursos reales y no mensajes genéricos cuando aparecen problemas que afectan directamente al día a día del alumnado.
Igualmente, recuerdan que otras entidades de educación especial también han quedado fuera de las ayudas en esta convocatoria.
Las soluciones que plantea la entidad
El centro sostiene que una de las causas del problema está en el sistema de concurrencia competitiva aplicado a estas subvenciones. Al participar junto al resto de colegios concertados, un colegio específico de educación especial parte con desventaja numérica, porque dispone de menos matrículas y suma menos puntos en algunos apartados.
Según la entidad, tampoco se valora de forma suficiente la vulnerabilidad asociada a alumnado con elevados grados de discapacidad y necesidades permanentes de apoyo. Esa combinación, advierten, explica que sea la primera vez que el centro queda fuera de la convocatoria.
Para evitar que la situación se repita en septiembre, UPACE plantea varias salidas. La primera pasa por revisar los criterios de baremación para reconocer la singularidad de los centros específicos y el coste real de los servicios que prestan.
La segunda consiste en ampliar la dotación económica de la convocatoria para que ningún alumnado quede excluido por falta de presupuesto. Y la tercera propone integrar el comedor dentro del concierto educativo, lo que aportaría estabilidad y previsión a las familias.
Mientras no llegue una respuesta oficial, la protesta del 29 de abril busca visibilizar que detrás de cada expediente hay menores con derechos, madres y padres que concilian con dificultad y profesionales que temen un retroceso social.
La movilización pretende además abrir un debate público sobre cómo se financia la inclusión cuando los recursos no alcanzan. Vecinos y colectivos locales ya han mostrado apoyo y piden una negociación rápida que evite nuevos costes inesperados para hogares vulnerables en San Fernando y Cádiz.
También representantes sindicales consideran necesario revisar el modelo actual y garantizar transparencia en las resoluciones administrativas. Varias familias explican que asumir mil euros extra obliga a recortar terapias, transporte y otras necesidades básicas del hogar.
Reclaman diálogo inmediato, calendario cierto y respuestas escritas antes del inicio del próximo curso para evitar más incertidumbre entre quienes dependen cada día de apoyos especializados.