SIP-AN lleva al Ayuntamiento de San Fernando ante Transparencia por el uso de datos policiales
SIP-AN denuncia al Ayuntamiento de San Fernando por el acceso a datos policiales de vecinos sin garantías
El Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN) ha denunciado al Ayuntamiento de San Fernando ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía por un presunto acceso irregular a información personal de ciudadanos a través de una aplicación de uso policial.
El sindicato sostiene que la situación podría afectar a datos especialmente protegidos y reclama que se depuren responsabilidades si se confirma cualquier vulneración de la normativa vigente.
La organización sindical asegura que la reclamación ya ha sido admitida y que el órgano andaluz competente ha iniciado actuaciones para esclarecer lo ocurrido.
En el escrito presentado, SIP-AN apunta directamente a la concejala de Seguridad Ciudadana, a quien atribuye acceso a una herramienta informática que permitiría consultar información policial de vecinos del municipio.
El sindicato alerta del acceso a diligencias y atestados judicializados en San Fernando
Según explica SIP-AN en una nota pública, la aplicación en cuestión incluiría datos relacionados con incidencias policiales, diligencias y atestados judicializados, además de otra documentación considerada sensible.
El sindicato considera que el acceso a este tipo de contenidos debe estar estrictamente limitado al personal autorizado y siempre bajo control legal y administrativo.
La denuncia presentada ante el Consejo de Transparencia sostiene que la edil “tendría acceso” a esa base de datos sin que existan, según el sindicato, las garantías necesarias para proteger la privacidad de los ciudadanos afectados.
SIP-AN entiende que, de confirmarse estos hechos, podría haberse producido una vulneración de la normativa de protección de datos y del derecho a la intimidad.
Desde el colectivo policial insisten en que el acceso a información reservada no puede utilizarse fuera de los cauces establecidos. “No todo vale en política ni en la gestión pública”, afirma el sindicato en su comunicado, en el que también recalca que los datos personales no pueden convertirse en “una herramienta sin control”.
La organización añade que este tipo de información incluye elementos especialmente delicados al estar vinculados a actuaciones policiales y procedimientos judiciales. Por ello, advierte de que cualquier utilización indebida tendría consecuencias relevantes tanto desde el punto de vista administrativo como legal.
El Consejo de Transparencia ya ha iniciado actuaciones en San Fernando
El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha comenzado las actuaciones previas para analizar la denuncia presentada. Será este organismo el encargado de determinar si existió un acceso improcedente a la información y si el Ayuntamiento actuó fuera de la legalidad.
Por el momento, no han trascendido detalles sobre el alcance de la investigación ni sobre posibles medidas cautelares. Tampoco se ha informado de si el Consistorio ha remitido ya documentación al órgano autonómico para responder a las acusaciones planteadas por SIP-AN.
El sindicato, mientras tanto, insiste en que la ciudadanía tiene derecho a conocer quién maneja sus datos personales y con qué finalidad se utilizan.
La organización considera que la transparencia y la protección de la privacidad deben ser principios básicos en cualquier administración pública, especialmente cuando se trata de sistemas vinculados a la seguridad ciudadana.
En el comunicado difundido, SIP-AN sostiene además que unas prácticas de este tipo serían “inaceptables en un estado de derecho” si finalmente quedaran acreditadas. Por ello, exige que se asuman responsabilidades políticas en caso de confirmarse un uso indebido de información sensible almacenada en aplicaciones policiales.
El Ayuntamiento de San Fernando queda pendiente de las conclusiones del procedimiento
El procedimiento abierto por el Consejo de Transparencia se encuentra ahora en fase de análisis. El organismo deberá estudiar la documentación aportada y comprobar si el acceso denunciado se ajustaba o no a la normativa vigente en materia de protección de datos y gestión de información policial.
La investigación se produce en un contexto especialmente sensible para las administraciones públicas, obligadas a reforzar los controles sobre el tratamiento de datos personales tras el endurecimiento de la legislación europea y nacional en esta materia.
La resolución del expediente será la que determine finalmente si existió alguna irregularidad en el acceso a la aplicación policial y si corresponde adoptar medidas contra responsables municipales o administrativos.
Entre tanto, la denuncia de SIP-AN ha situado el foco sobre la gestión interna de la información reservada en el Ayuntamiento de San Fernando y sobre los mecanismos de control existentes para evitar accesos indebidos a datos de carácter personal.