Suspendida la licitación del nuevo servicio de autobuses de Cádiz
El Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación paraliza cautelarmente el procedimiento tras los recursos de cuatro empresas contra los pliegos
Síguenos en Google
La licitación del nuevo servicio de autobuses urbanos de Cádiz ha quedado paralizada. El Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial de Cádiz ha acordado suspender cautelarmente el procedimiento después de que cuatro empresas presentaran recursos contra los pliegos y otra documentación del concurso, según informa Diario de Cádiz.
La decisión fue adoptada este 30 de septiembre y llega prácticamente al límite de una de las fechas clave del procedimiento. Este viernes 2 de octubre debía finalizar el plazo para que las empresas interesadas presentaran sus ofertas para gestionar durante los próximos 12 años el transporte urbano de la ciudad.
La suspensión no supone que el concurso haya sido anulado ni que el Tribunal haya dado la razón a las empresas recurrentes. Se trata de una medida cautelar destinada a detener temporalmente el procedimiento mientras se estudia el fondo de las reclamaciones y las respuestas que ya ha presentado el Ayuntamiento.
Según la información publicada por Diario de Cádiz, cuatro empresas relacionadas directa o indirectamente con el transporte colectivo de viajeros recurrieron entre los días 8 y 9 de septiembre los pliegos técnico y administrativo, la memoria justificativa y otra documentación complementaria de la licitación.
Las empresas son Autocares José Núñez S.L., Pamel C&S 1997 S.L., Avanza Movilidad Integral S.L. y Alcalabus S.L. Las reclamaciones se centran especialmente en determinadas cláusulas del pliego administrativo que regula la contratación.
Tras la presentación de los recursos, el Tribunal requirió al Ayuntamiento los días 9 y 10 de septiembre para que remitiera el expediente del concurso. El Consistorio ha presentado también sus respuestas a cada una de las reclamaciones, que llegaron al órgano contractual este pasado lunes.
El Tribunal ha optado ahora por detener el procedimiento antes de que finalice el plazo de presentación de ofertas. Según recoge Diario de Cádiz de la resolución, la medida pretende "proteger el principio básico de concurrencia" debido a que los recursos afectan a la propia configuración de los pliegos.
La suspensión busca también evitar que las empresas presenten sus proposiciones y el concurso continúe avanzando si posteriormente fuera necesario modificar las condiciones y retrotraer el procedimiento. El Tribunal pretende prevenir así posibles perjuicios para los interesados e incluso situaciones que pudieran terminar derivando en indemnizaciones.
El futuro inmediato de la licitación dependerá de la resolución que adopte el Tribunal una vez que analice los cuatro recursos y las contestaciones remitidas por el Ayuntamiento.
Si las reclamaciones son desestimadas, el procedimiento podrá reanudarse. Si el Tribunal considera que alguna de las cuestiones planteadas obliga a corregir los pliegos, la licitación tendría que retroceder hasta el punto necesario para introducir esas modificaciones.
En función del alcance de una eventual resolución favorable a los recurrentes, podría ser necesario modificar parte de la documentación e iniciar nuevamente determinados trámites. Según apunta Diario de Cádiz, en el escenario de mayor alcance podría incluso ser necesaria una nueva aprobación de los pliegos por el Pleno y volver a recabar determinadas autorizaciones.
Por ahora, ninguna de esas posibilidades está decidida. Lo único acordado es la suspensión cautelar mientras el Tribunal resuelve.
Un precedente con el contrato de limpieza de Cádiz
No es la primera vez que un gran contrato municipal de Cádiz queda paralizado por recursos empresariales durante su tramitación. Una situación similar se produjo durante el mandato de José María González, Santos, Kichi con el contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos.
Aquel procedimiento sufrió varias suspensiones por decisiones del mismo Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación. En enero de 2021 quedó paralizado tras un recurso presentado por Acciona y volvió a quedar en suspenso posteriormente durante un proceso que se prolongó durante años. El propio Ayuntamiento llegó a reclamar públicamente agilidad al Tribunal ante los retrasos acumulados.
El procedimiento terminó desbloqueándose y el contrato fue finalmente formalizado a finales de 2022. El precedente sirve también para diferenciar una suspensión cautelar de una anulación definitiva: la paralización detiene los trámites mientras se resuelven los recursos, pero su efecto final dependerá del contenido de la resolución.
La suspensión llega después de que el futuro servicio haya atravesado durante las últimas semanas otra polémica, en este caso relacionada con la reorganización de las líneas y especialmente con el cambio previsto inicialmente para la actual línea 2.
El Ayuntamiento anunció posteriormente modificaciones sobre aquel planteamiento tras las protestas de usuarios y colectivos. Los recursos que ahora han provocado la suspensión cautelar tienen, sin embargo, una naturaleza diferente: proceden de empresas y cuestionan aspectos de los documentos que regulan la propia licitación.
El procedimiento había comenzado formalmente el 19 de agosto con la publicación de los pliegos. Ahora queda detenido desde el 30 de septiembre y tendrá que esperar a que el Tribunal determine si puede continuar en las condiciones actuales o si es necesario introducir cambios antes de reanudar la búsqueda de la empresa que gestionará el transporte urbano de Cádiz durante los próximos 12 años.