Tarifa pide al Gobierno un cambio urgente para acabar con uno de los mayores problemas de sus playas
El Ayuntamiento de Tarifa considera que permitir la valorización de la biomasa facilitaría la retirada de miles de toneladas de Rugulopteryx okamurae y aliviaría el coste que soportan los municipios del litoral gaditano
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La llegada masiva de Rugulopteryx okamurae, conocida como alga asiática invasora, sigue condicionando cada verano la gestión de las playas de Tarifa y de otros municipios del Campo de Gibraltar.
Ante una situación que se repite campaña tras campaña, el Ayuntamiento tarifeño ha vuelto a reclamar al Gobierno de España que agilice las autorizaciones necesarias para que esta biomasa pueda destinarse a usos productivos en lugar de acabar exclusivamente en vertederos.
La petición parte de la idea de convertir un residuo que genera elevados costes de recogida y transporte en un recurso susceptible de ser aprovechado dentro de proyectos de economía circular.
El consistorio entiende que esa vía permitiría reducir la presión económica sobre las administraciones locales y favorecería una retirada más ágil de las acumulaciones que llegan a la costa.
Tarifa: el municipio insiste en que el actual modelo resulta insuficiente
La retirada del alga invasora se ha convertido en una de las principales dificultades para la gestión del litoral tarifeño durante los meses de mayor afluencia turística.
Los servicios municipales deben movilizar maquinaria y personal para despejar los arenales y trasladar posteriormente los restos vegetales a instalaciones autorizadas.
Aunque la Junta de Andalucía ha impulsado medidas para aliviar parte de esa carga, entre ellas la exención del impuesto estatal por el depósito de estos residuos en vertedero tras declarar la situación de fuerza mayor, el Ayuntamiento considera que esa actuación no resuelve el problema de fondo.
La administración local sostiene que permitir la valorización del alga abriría la puerta a que empresas especializadas pudieran utilizar ese material como materia prima para distintos procesos, reduciendo el volumen destinado a eliminación y generando un modelo de gestión más sostenible.
Una especie invasora que sigue afectando al litoral gaditano
La expansión de Rugulopteryx okamurae comenzó a detectarse hace años en el Estrecho de Gibraltar y desde entonces su presencia se ha consolidado en distintos puntos del litoral andaluz.
Su proliferación provoca grandes arribazones que alteran el uso de las playas, dificultan las labores de limpieza y también repercuten en la actividad pesquera.
En los últimos años, distintas administraciones han puesto en marcha iniciativas para estudiar posibles aplicaciones de esta biomasa, desde proyectos relacionados con la agricultura hasta investigaciones orientadas al aprovechamiento industrial, siempre bajo criterios ambientales y con las autorizaciones correspondientes.
La Junta de Andalucía también ha aprobado un plan de gestión centrado en la biomasa procedente de esta especie invasora y mantiene que el siguiente paso pasa por completar el marco normativo que permita desarrollar plenamente esos proyectos de valorización.
Los municipios costeros de Cádiz piden una respuesta coordinada
La situación no afecta únicamente a Tarifa. Otros municipios de la provincia de Cádiz también afrontan cada temporada importantes desembolsos para retirar el alga de sus playas y mantener en condiciones el litoral durante el verano.
Además de las ayudas económicas concedidas por la Diputación de Cádiz para apoyar a las localidades afectadas, las administraciones locales reclaman una estrategia coordinada entre todas las instituciones implicadas que combine financiación, investigación y un marco legal que facilite nuevos usos para la biomasa retirada.
Desde la perspectiva municipal, la valorización permitiría avanzar hacia un modelo más eficiente que reduzca la dependencia de los vertederos y disminuya los costes públicos asociados a la gestión de miles de toneladas de alga que llegan cada año al litoral.
Entre tanto ese cambio no se materialice, los ayuntamientos deberán seguir destinando recursos humanos y económicos a una problemática ambiental que continúa condicionando tanto la conservación de las playas como la actividad turística y pesquera de buena parte de la costa gaditana.