Un juez condena a unos vecinos a talar el ciprés que molestaba a la casa de Suso en Bahía Blanca
La justicia da la razón al futbolista del Cádiz CF y obliga a eliminar un árbol de décadas por incumplir la distancia legal
La resolución judicial que implica a Suso, jugador del Cádiz CF, ha sorprendido esta tarde a Cádiz, especialmente en Bahía Blanca, donde un ciprés de gran tamaño se había convertido en el centro de una disputa legal que enfrentaba derechos individuales y protección ambiental.
Según ha publicado Diario de Cádiz, una jueza ha determinado que la comunidad de propietarios deberá talar el árbol, de entre 30 y 50 años de antigüedad, por encontrarse a una distancia inferior a la permitida respecto a la propiedad del futbolista y por generar molestias en su vivienda.
La sentencia se apoya en los artículos 591, 592 y 593 del Código Civil, que regulan la plantación de árboles en lindes entre propiedades. En este caso, se considera probado que el ciprés, de entre 10 y 12 metros de altura, estaba situado a menos de dos metros del límite, lo que constituye una infracción objetiva de la normativa vigente.
La jueza también concluye que las ramas del árbol invadían parcialmente la propiedad de Suso, afectando directamente a su piscina mediante la caída constante de hojas, frutos y restos vegetales. Este hecho fue respaldado por informes periciales presentados durante el juicio.
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es que descarta que la antigüedad del árbol pueda servir como argumento para evitar su tala. Solo una servidumbre legalmente reconocida podría haber justificado su permanencia, algo que no quedó acreditado.
La posición de los vecinos y el apoyo ecologista
La comunidad de propietarios defendió que el árbol existía mucho antes de la construcción de la vivienda del futbolista, señalando que este adquirió la parcela siendo plenamente consciente de la situación.
Además, argumentaron que las molestias descritas no iban más allá de la suciedad habitual causada por un árbol de estas características, algo que consideraban insuficiente para justificar una medida tan drástica como la tala.
También apuntaron a la posible protección del arbolado urbano recogida en el planeamiento municipal, así como a la necesidad de permisos administrativos para proceder con la eliminación del ejemplar.
El caso ha generado reacciones más allá del ámbito judicial. Colectivos ecologistas han mostrado su apoyo a los vecinos, subrayando la importancia de preservar árboles de gran tamaño en entornos urbanos.
La resolución obliga a la comunidad a asumir no solo la tala del árbol, sino también el coste de eliminar el tocón y las costas judiciales derivadas del proceso. No obstante, la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Cádiz, lo que abre la puerta a una nueva fase judicial.