Un sindicato policial lleva a Antifraude el cobro de tasas por patinetes eléctricos en San Fernando
SIP-AN denuncia que el Ayuntamiento aplica liquidaciones sin una ordenanza específica para los vehículos de movilidad personal y cuestiona la legalidad del procedimiento
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El sindicato SIP-AN de la Policía Local ha presentado una denuncia ante la Oficina Andaluza Antifraude contra la concejala de Seguridad Ciudadana de San Fernando, María José Foncubierta, y el jefe de la Policía Local por el cobro de tasas vinculadas a la retirada e inmovilización de patinetes eléctricos.
La organización sindical sostiene que el Ayuntamiento está aplicando liquidaciones a usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) sin disponer de una ordenanza específica que regule este tipo de vehículos y considera que la práctica podría incumplir la normativa tributaria vigente.
La denuncia llega en un momento de tensión entre varios sindicatos policiales y el gobierno municipal isleño, marcado por reclamaciones relacionadas con medios materiales, prevención de riesgos y regulación interna del cuerpo.
En este caso, SIP-AN centra el conflicto en las tasas que deben abonar los ciudadanos para recuperar un patinete retirado por la Policía Local tras cometer alguna infracción de tráfico o incumplir la normativa de circulación.
El sindicato cuestiona la cobertura legal de las tasas en San Fernando
Según el escrito presentado ante Antifraude, el Ayuntamiento estaría aplicando de forma indebida una equiparación entre los patinetes eléctricos y otros vehículos a motor para justificar el cobro de determinadas tasas municipales. SIP-AN entiende que esa interpretación carece de respaldo jurídico suficiente y vulnera el principio de legalidad tributaria recogido en la Ley General Tributaria.
El sindicato considera especialmente grave que dichas liquidaciones sigan aplicándose pese a las advertencias previas realizadas por representantes policiales. Por ese motivo, solicita la revisión de los expedientes afectados y el cese inmediato de los cobros mientras se aclara la situación administrativa.
También reclama que se depuren responsabilidades si finalmente se concluye que existieron irregularidades en el procedimiento.
Las cantidades que actualmente se cobran en San Fernando por estas actuaciones municipales aparecen reflejadas en la normativa local publicada por el Consistorio. Entre ellas figuran 36 euros por retirada del vehículo, 12 euros por iniciación del expediente, 5 euros diarios por depósito administrativo y 25 euros por inmovilización.
El Ayuntamiento de San Fernando defiende que la ordenanza fue modificada
Desde el gobierno municipal aseguran que la regulación sí existe y recuerdan que la ordenanza municipal fue modificada en 2019 para incluir expresamente a los patinetes eléctricos dentro de las normas de circulación urbana.
El Ayuntamiento de San Fernando, de La Isla, sostiene además que una instrucción interna de la Policía Local aclara que el término “patinetes eléctricos” engloba también a los vehículos de movilidad personal, denominación utilizada en la normativa estatal más reciente.
La concejala de Seguridad Ciudadana ha señalado que el Ayuntamiento de San Fernando todavía no conoce el contenido íntegro de la denuncia presentada ante Antifraude y evita pronunciarse de manera detallada hasta disponer de toda la documentación.
Cabe destacar que fuentes municipales mantienen que las actuaciones policiales y administrativas se están realizando conforme a la normativa vigente.
El debate coincide además con el endurecimiento de los controles sobre patinetes eléctricos en distintos municipios andaluces. En los últimos meses varias ciudades han reforzado campañas informativas y sancionadoras para exigir seguro obligatorio, registro y cumplimiento de las nuevas normas de circulación de los VMP.
San Fernando: un conflicto que abre un nuevo frente político y jurídico
La denuncia presentada por SIP-AN añade presión sobre el área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de San Fernando y abre un posible recorrido administrativo y jurídico sobre la aplicación de tasas municipales a los usuarios y usuarias de patinetes eléctricos.
La Oficina Andaluza Antifraude deberá decidir ahora si admite -o no- a trámite la denuncia y si aprecia indicios suficientes de cara a poder iniciar una investigación formal sobre el procedimiento seguido en San Fernando.