Un taxista de El Puerto se queda sin servicio de radio tras rechazar un pago de 5.000 euros sin factura
El profesional asegura que mantiene al día sus cuotas con Puerto Taxi, pero la asociación le ha retirado el acceso a la emisora y ha modificado su condición de socio. Reclama una explicación por escrito y poder trabajar en igualdad de condiciones
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Un conflicto por una cuota de 5.000 euros ha enfrentado a un titular de licencia de taxi de El Puerto con la asociación Puerto Taxi, que agrupa las 75 licencias del municipio.
El afectado, identificado por sus iniciales E.M., denuncia que le han suspendido el servicio de radio pese a encontrarse al corriente de sus pagos.
La controversia comenzó cuando solicitó que el importe adicional que le exigían quedara debidamente documentado mediante un requerimiento y una factura.
Según su versión, esa petición desencadenó una serie de decisiones que han terminado afectando a su actividad profesional.
Una licencia adquirida en 2025 y una cuota adicional de 5.000 euros
El origen del enfrentamiento se remonta a julio de 2025, cuando el empresario decidió invertir en una licencia de taxi en El Puerto. Aunque no procedía del sector, consideró que la adquisición podía representar una oportunidad de negocio.
La operación requirió aproximadamente cinco meses de trámites administrativos y distintos desembolsos económicos. Durante ese periodo, asegura haber cumplido con los pagos correspondientes a la Administración, al Ayuntamiento y a la propia asociación de taxistas.
En diciembre consiguió completar el proceso necesario para explotar la licencia. Sin embargo, sostiene que desde Puerto Taxi le comunicaron que todavía no podía comenzar a prestar servicio con normalidad.
La situación continuó sin resolverse hasta el 9 de enero, cuando acudió al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para buscar una salida. Según su relato, fue entonces cuando representantes de la asociación le reclamaron otros 5.000 euros para incorporarse como socio.
El empresario cuestiona ese desembolso porque la licencia adquirida ya pertenecía a Puerto Taxi y, según afirma, su anterior titular no había dejado ninguna deuda pendiente.
Su discrepancia no se centra únicamente en la cantidad solicitada. El afectado sostiene que estaría dispuesto a estudiar el pago siempre que la asociación justificara formalmente su procedencia y emitiera la correspondiente factura.
De socio con derecho a voto a perder el acceso a la emisora Puerto Taxi
El desacuerdo económico ha tenido consecuencias en la relación del taxista con la organización. Inicialmente, su licencia figuraba vinculada a la condición de socio, lo que le permitía participar en las asambleas con voz y voto.
Posteriormente, esa situación cambió y pasó a estar considerado como alquilado, una categoría que, según la información conocida, únicamente le permitiría utilizar el servicio de radio.
La asociación habría fundamentado esa modificación en un supuesto incumplimiento de obligaciones recogidas en el acta de una asamblea anterior, concretamente en su página 35.
El afectado asegura desconocer qué obligación ha incumplido y afirma que tampoco ha conseguido obtener el documento solicitado para comprobar los motivos de la decisión.
A esta modificación se suma la suspensión de la emisora, que continúa sin estar disponible para él pese a que asegura seguir abonando las cuotas correspondientes.
El acceso a la radio constituye una herramienta de coordinación del servicio de taxi, ya que permite recibir y gestionar solicitudes de desplazamiento. Su retirada puede limitar las posibilidades de captar determinados servicios frente a otros profesionales que mantienen ese canal operativo.
Puerto Taxi guarda silencio mientras el afectado reclama una solución
El enfrentamiento permanece abierto sin que, por el momento, se haya comunicado un acuerdo entre las partes.
La directiva de Puerto Taxi ha declinado pronunciarse públicamente sobre el conflicto. Por tanto, no se dispone de una explicación de la asociación que permita contrastar los motivos concretos de la suspensión ni las condiciones de la cuota reclamada.
Tampoco consta una resolución administrativa o judicial que determine si las decisiones adoptadas se ajustan a las obligaciones internas de la entidad.
El taxista insiste en que su objetivo es recuperar el acceso al servicio y disponer de las mismas oportunidades laborales que el resto de titulares.
Mientras tanto, mantiene su reclamación para conocer documentalmente las razones de las medidas adoptadas y aclarar la exigencia económica que originó el enfrentamiento.