Una auditoría destapa 726 pagos sospechosos y una presunta estafa de 659.345 euros en Cádiz
La UDEF ha seguido el movimiento del dinero a través de decenas de cuentas bancarias en una investigación que ha dejado 20 personas investigadas judicialmente
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Una revisión interna de las cuentas de una aseguradora acabó poniendo a los agentes tras la pista de cientos de operaciones.
La Policía Nacional ha investigado en Cádiz un presunto delito continuado de estafa por un importe de 659.345 euros, con una exempleada de la compañía en el centro de las pesquisas y otras 19 personas investigadas judicialmente.
La investigación de la UDEF ha obligado a reconstruir movimientos económicos realizados durante años y a examinar un total de 59 cuentas bancarias.
El origen del caso está en una auditoría realizada por la propia aseguradora. La revisión permitió localizar 726 pagos considerados presuntamente indebidos, efectuados entre 2018 y 2021 y enviados mediante transferencias a 40 cuentas bancarias diferentes. La cantidad acumulada alcanzaba los 659.345 euros.
La compañía llevó posteriormente los hechos ante las autoridades mediante una denuncia contra una antigua trabajadora de su delegación provincial de Cádiz.
La mujer desempeñaba funciones relacionadas con la gestión y tramitación de los denominados gastos de suplidos.
Cádiz: los pagos que pusieron en marcha la investigación
Los suplidos corresponden a determinados gastos por servicios que son abonados inicialmente por el asegurado y que posteriormente debe reintegrar la compañía. Era precisamente en la tramitación de estos pagos donde desarrollaba su trabajo la exempleada investigada.
Las diligencias policiales comenzaron en agosto de 2023. A partir de ese momento, los investigadores trataron de reconstruir el recorrido del dinero, averiguar quiénes habían sido sus destinatarios finales y determinar si en las operaciones habían participado más personas.
El trabajo fue más allá de las 40 cuentas que aparecieron inicialmente como receptoras de las transferencias detectadas en la auditoría. Los agentes terminaron examinando los movimientos de 59 cuentas relacionadas con los beneficiarios de las cantidades asociadas a los supuestos suplidos.
Transferencias, ingresos en efectivo y entregas de dinero
El análisis bancario permitió a los investigadores establecer movimientos económicos entre la antigua empleada y terceras personas.
Según la Policía, algunas habrían recibido cantidades procedentes de los pagos presuntamente irregulares. Otras, en cambio, habrían obtenido parte del dinero por una supuesta labor de intermediación para hacer posibles esos abonos.
El recorrido de las cantidades no se habría limitado a transferencias entre cuentas. Las pesquisas también recogen imposiciones de efectivo y entregas directas de dinero.
En determinados casos, los ingresos en metálico habrían sido utilizados para complicar el seguimiento de los fondos y mantener ocultada la identidad de sus beneficiarios.
La investigación, denominada Operación Payment, ha requerido cruzar la información bancaria con documentación, informes policiales y declaraciones de testigos.
Ese conjunto de diligencias permitió establecer conexiones económicas entre distintas personas vinculadas a las operaciones analizadas.
Veinte personas, investigadas judicialmente
El resultado de las pesquisas ha llevado a que 20 personas sean investigadas judicialmente por su presunta relación con los hechos. Las actuaciones están en manos de la autoridad judicial competente y han sido desarrolladas por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de Cádiz.
La Policía considera esclarecido el presunto delito continuado de estafa y ha logrado determinar el recorrido de una parte de las cantidades investigadas.
La información disponible no identifica públicamente a la aseguradora afectada ni precisa qué cantidad exacta de los 659.345 euros ha podido ser rastreada hasta su destino final.
La secuencia que ha podido reconstruirse abarca así varios años: los 726 pagos investigados se realizaron entre 2018 y 2021; la investigación policial comenzó en agosto de 2023 después de que las irregularidades fueran detectadas internamente, y las diligencias han terminado extendiéndose a una veintena de personas por su posible vinculación con el movimiento del dinero.