Una investigación del Seprona destapa un grave caso de usurpación de aguas en Villamartín
El Seprona de Ubrique localiza un sondeo oculto y varios pozos ilegales conectados a depósitos de hasta 20.000 litros
La Guardia Civil de Cádiz, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la localidad de Ubrique, ha abierto una investigación contra una persona por un presunto delito de usurpación de aguas públicas en una finca situada en el término municipal de Villamartín, después de descubrir una compleja instalación de captación y distribución de agua subterránea sin autorización.
Durante una inspección realizada el pasado día 19 de enero, los agentes localizaron un sondeo oculto activo dentro de una pequeña edificación de bloques de hormigón, camuflada entre arbustos, lentiscos, acebuches y encinas, que contaba con diversas bombas eléctricas de extracción y un sistema de tuberías conectadas a varios depósitos.
El hallazgo fue posible debido a una investigación rutinaria sobre el uso irregular de recursos hídricos en la zona, una práctica que preocupa enormemente en un contexto de sequía prolongada y descenso de los niveles freáticos.
El sistema descubierto estaba diseñado para bombear agua de forma continuada y sin el debido control volumétrico. Según los investigadores, las tuberías carecían de contadores de consumo, lo que impedía registrar el volumen de agua extraído así como su destino final.
El seguimiento realizado por los agentes permitió constatar que el circuito se bifurcaba, por un ramal conducía el agua hacia dos grandes depósitos de 20.000 litros cada uno, destinados al riego de cultivos dentro de la finca; el otro, hacia un depósito de 2.000 litros que abastecía a la instalación del cortijo, la piscina, los jardines y el huerto privado del propietario.
Además del sondeo principal, la Guardia Civil identificó cuatro pozos adicionales, ubicados en las inmediaciones de un arroyo. Algunos de ellos estaban preparados con instalaciones eléctricas y bombas de extracción, mientras que otros estaban en disposición de ser utilizados mediante mangueras o de otros sistemas portátiles.
En total, las cinco captaciones inspeccionadas carecían de la debida autorización o concesión administrativa, lo que confirma una explotación ilegal de aguas subterráneas de titularidad pública.
Delito grave ecológico en Villamanrique
El Código Penal español, en su artículo 245, tipifica la usurpación de aguas como delito cuando se realiza sin la oportuna concesión o autorización legal y con ánimo de lucro.
En este caso, los investigadores estiman que el presunto autor obtenía beneficio económico directo al mantener una fuente de riego gratuita así como constante para sus cultivos, eludiendo las restricciones impuestas por la Confederación Hidrográfica y las normativas autonómicas de gestión del agua.
La Guardia Civil señala que este tipo de prácticas tiene un grave impacto ambiental, sobre todo en zonas rurales donde los acuíferos se encuentran en situación de estrés hídrico.
La extracción no controlada afecta al equilibrio ecológico de los ecosistemas, también reduce el caudal de los manantiales naturales y pone en riesgo el abastecimiento de núcleos urbanos y agrícolas que sí cumplen con la normativa vigente.
Fuentes del Seprona recuerdan que el agua es un bien público y limitado, y que su aprovechamiento está sujeto a la debida concesión administrativa, tanto para uso agrícola como doméstico.
En los últimos años, la intensificación de cultivos y la falta de precipitaciones han incrementado los casos de usurpación así como de sobreexplotación de acuíferos, especialmente en zonas agrícolas del interior de Cádiz y la Sierra de Grazalema.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones, tanto administrativas como penales, que estarán en función del resultado de los informes periciales sobre el volumen de agua extraído.
Entre tanto, los agentes del Seprona insisten en que el control del uso del agua es fundamental y esencial a finde poder preservar un recurso tan indispensable para la vida como es el agua y evitar daños irreversibles al medio ambiente andaluz.