Una investigación iniciada en Cádiz destapa una red nacional de contrabando de tabaco
Guardia Civil y Policía Nacional de Cádiz y Sevilla intervienen más de 850 kilos de picadura de tabaco y bloquean bienes valorados en más de 500.000 euros
La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal asentada principalmente en la localidad sevillana de Écija dedicada al contrabando de picadura de tabaco mediante envíos de paquetería a distintos puntos de España.
La operación, denominada “BUMACA”, se ha saldado con diez detenidos acusados de delitos de contrabando, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal.
La investigación ha permitido intervenir más de 850 kilogramos de picadura de tabaco y bloquear bienes muebles e inmuebles, además de dinero en efectivo, joyas y relojes de lujo, por un valor superior al medio millón de euros. Según los investigadores, la actividad ilícita habría generado beneficios que superan los 150.000 euros.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los agentes fue el uso sistemático de identidades robadas para realizar los envíos.
La organización llegó a utilizar los datos personales de al menos 16 personas ajenas a la trama, algunas incluso internas en prisión, para ocultar la identidad real de los remitentes y dificultar el seguimiento policial.
BUMACA: una investigación iniciada tras detectar envíos sospechosos
Las pesquisas comenzaron a finales de 2023, cuando unidades fiscales de la Guardia Civil de Cádiz detectaron numerosos paquetes con picadura de tabaco que eran enviados de forma continuada a través de empresas de mensajería.
En un primer momento, cada envío se tramitaba como una infracción administrativa individual atribuida a las personas que figuraban como remitentes.
Sin embargo, las comprobaciones posteriores permitieron descubrir que muchas de esas personas no tenían ninguna relación con la mercancía.
Los investigadores concluyeron que estaban siendo víctimas de una usurpación de identidad que les generaba consecuencias administrativas y penales sin conocimiento previo.
A partir de ese momento, la investigación se centró en identificar a los verdaderos responsables. Los agentes detectaron que la organización utilizaba teléfonos difíciles de rastrear, documentación falsificada y diferentes puntos logísticos para evitar ser localizada.
También modificaban frecuentemente los lugares desde los que realizaban los envíos para reducir el riesgo de vigilancia policial.
El intercambio de información entre distintas unidades fiscales repartidas por el territorio nacional permitió relacionar numerosos paquetes y movimientos con un mismo grupo organizado.
La operación fue judicializada en junio de 2024 y desde entonces se intensificaron las labores de seguimiento y vigilancia.
Una estructura jerarquizada con base principal en Écija
Los investigadores determinaron que la red estaba formada por al menos 15 personas con una estructura perfectamente definida y fuertes vínculos familiares.
La mayoría de sus integrantes residían en Écija, circunstancia que, según fuentes de la investigación, dificultó parte de las tareas de control y vigilancia sobre el grupo.
La organización disponía además de varios locales logísticos repartidos en distintos puntos del país desde los que preparaban y distribuían la mercancía.
Para realizar los envíos recurrían principalmente a empresas de paquetería que contaban con menores controles internos, lo que facilitaba la circulación de los paquetes sin levantar sospechas inmediatas.
La picadura de tabaco era distribuida de forma fragmentada en numerosos envíos para evitar grandes incautaciones y minimizar el impacto de posibles intervenciones policiales.
Los agentes consideran acreditado que el grupo actuaba de manera coordinada y mantenía una actividad continuada.
Las investigaciones también apuntan a que la red había perfeccionado mecanismos para ocultar el origen del dinero obtenido. Parte de los beneficios presuntamente eran canalizados mediante adquisiciones de bienes y objetos de alto valor.
Registros domiciliarios y bloqueo de patrimonio
La fase final de la operación se desarrolló con cuatro entradas y registros en viviendas de Écija. En esos dispositivos participaron agentes de la UDAIFF de la Guardia Civil de Cádiz, efectivos de la Policía Nacional de Écija y unidades de la Guardia Civil de Sevilla, además de otros grupos especializados de apoyo fiscal.
Durante los registros se incautaron cantidades importantes de dinero en efectivo, documentación, dispositivos electrónicos, joyas y relojes de lujo. También se acordó el bloqueo de bienes muebles e inmuebles vinculados presuntamente a los investigados.
Los diez detenidos quedaron a disposición judicial como presuntos integrantes de la organización criminal mientras la investigación continúa abierta para determinar el alcance total de la actividad y posibles conexiones con otros puntos de distribución en España.