USTEA exige a la Junta de Andalucía ampliar el plazo de proyectos educativos tras el error con el festivo de Cádiz
USTEA denuncia la falta de previsión de la Junta y reclama ampliar el plazo para proyectos formativos en Cádiz
La organización sindical USTEA ha reclamado a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía la ampliación inmediata del plazo de presentación de solicitudes para los proyectos específicos de formación complementaria extracurricular, una convocatoria dotada con 3,8 millones de euros.
La demanda surge tras constatar que el plazo oficial concluye el 16 de febrero, fecha que coincide con un festivo local en la ciudad de Cádiz, lo que convierte ese día en inhábil a efectos administrativos.
La resolución, fechada el 2 de febrero de 2026, fija ese límite para la presentación de propuestas en el marco de una convocatoria dirigida a los centros educativos públicos andaluces.
No obstante, en el caso concreto de Cádiz capital, la festividad local imposibilita el registro de los proyectos dentro del plazo establecido, lo que, según el sindicato, vulnera los principios de igualdad y seguridad jurídica en el procedimiento administrativo.
Desde USTEA se recuerda que la normativa vigente sobre cómputo de plazos administrativos en la Junta de Andalucía establece que, cuando el último día de plazo coincide con una jornada inhábil, este debe trasladarse automáticamente al siguiente día hábil.
La aplicación de esta norma evitaría el perjuicio que ahora afecta a los centros gaditanos, que quedarían en desventaja respecto a los de otros municipios.
Retrasos en la notificación y falta de margen en Cádiz
El sindicato señala, además, que la notificación oficial de la convocatoria llegó a los centros con retraso, el 5 de febrero, lo que redujo de manera significativa el tiempo disponible para preparar la documentación necesaria.
Este retraso, según USTEA, ha dificultado la lectura de las bases y la convocatoria de claustros y consejos escolares, órganos imprescindibles para aprobar la participación en los proyectos.
En consecuencia, mantener la fecha del 16 de febrero como límite supondría, en la práctica, la imposibilidad real de registrar los proyectos desde los centros educativos gaditanos a través del sistema Séneca, la plataforma digital que gestiona los trámites administrativos del ámbito educativo.
USTEA advierte que esta situación no solo bloquearía la participación de los centros afectados, sino que también podría interpretarse como una discriminación territorial, al impedir que Cádiz compita en igualdad de condiciones con el resto de provincias andaluzas.
Exigencias del sindicato
Ante este escenario, la organización sindical ha formulado tres exigencias concretas a la Administración andaluza:
1º.- Ampliar el plazo de presentación de solicitudes hasta el 17 de febrero, de acuerdo con la legislación sobre días inhábiles.
2º.- Habilitar el sistema Séneca para que los centros de Cádiz puedan formalizar sus proyectos sin limitaciones técnicas.
3º.- Revisar los procedimientos administrativos con el fin de evitar que una situación similar se repita en futuras convocatorias.
Para USTEA, resulta inadmisible que la Administración educativa exija rigor y cumplimiento de los plazos a los centros docentes mientras ella misma incumple la normativa básica que regula los días inhábiles.
El sindicato sostiene que el problema deriva de una falta de previsión institucional y que su impacto podría ser especialmente grave para los centros que ven en esta convocatoria una oportunidad de financiar programas de innovación educativa y actividades extracurriculares.
Defensa de los derechos del profesorado
USTEA ha reiterado su compromiso de defender los derechos de los centros y del profesorado andaluz frente a decisiones administrativas que generen desigualdad o perjudiquen la calidad educativa.
La organización considera que la transparencia y la planificación deben ser principios básicos en la gestión de fondos públicos y que la equidad territorial debe garantizarse en todos los procesos que afecten a la comunidad educativa.
El sindicato ha recordado que ningún trámite administrativo debe suponer un perjuicio por razones ajenas a la voluntad de los centros, especialmente cuando se trata de convocatorias que persiguen mejorar la formación del alumnado y reforzar la acción pedagógica.
En base a todo ello se insiste en que la Junta de Andalucía debe rectificar con urgencia para restablecer la normalidad y evitar un conflicto que, en última instancia, recae sobre el profesorado y los estudiantes de la provincia de Cádiz.