Ya hay fecha para el juicio por el autobús que arrolló y mató a cuatro personas en Cádiz
La Fiscalía sostiene que el vehículo presentaba graves deficiencias en el sistema de frenado y atribuye al chófer una conducción distraída y a velocidad excesiva
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El accidente mortal del autobús de Cádiz, la Audiencia Provincial de Cádiz, la Fiscalía, el conductor y el responsable de la empresa de autocares volverán a estar en el foco casi tres años después de una tragedia que conmocionó a la ciudad.
El juicio por el siniestro ocurrido en octubre de 2023, en el que cuatro personas perdieron la vida tras ser arrolladas por el vehículo, ya tiene fecha: la vista oral está prevista para los días 22 y 23 de septiembre.
En el banquillo se sentarán el conductor que manejaba el autobús aquel día y el responsable de la compañía propietaria del vehículo. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos cinco años de prisión al considerarles responsables de cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave.
Las víctimas fueron dos jóvenes de 17 y 19 años, una mujer de 60 y un hombre de 86. Los tres primeros fallecieron prácticamente en el acto, mientras que el cuarto permaneció ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Puerta del Mar y murió días después.
Según ha adelantado Diario de Cádiz, la acusación pública sostiene que el autobús arrastraba problemas en su sistema de frenado desde 2021 y atribuye responsabilidades diferentes a los dos acusados. Al responsable de la empresa le reprocha el estado y mantenimiento del vehículo, mientras que al conductor le atribuye una conducción distraída, una velocidad excesiva y el incumplimiento de los descansos reglamentarios.
La Fiscalía pone el foco en el estado de los frenos
El escrito de acusación describe una sucesión de anomalías relacionadas con el sistema de frenado. El autobús, matriculado en 2007 y con capacidad para 57 pasajeros, llevaba registrando deficiencias desde 2021, según mantiene el Ministerio Fiscal.
Entre abril y agosto de 2023, además, el vehículo habría realizado 129 servicios sin haber sido presentado a la correspondiente inspección de ITV dentro del plazo establecido. Finalmente pasó la inspección el 18 de agosto de ese año en Jerez, donde se detectó un desequilibrio en las fuerzas de frenado considerado entonces una deficiencia leve que debía repararse en un plazo máximo de dos meses.
La Fiscalía sostiene que esa anomalía no fue corregida y que posteriormente se produjo una manipulación deliberada en el sistema de frenado del eje trasero para que el vehículo pudiera continuar prestando servicio. De acuerdo con el escrito fiscal, esta actuación redujo todavía más la eficacia de la frenada y dejó al autobús en unas condiciones que suponían un riesgo para la seguridad vial.
La acusación sitúa la eficacia del sistema de frenado entre el 22,65% y el 22,68% y señala un desequilibrio del 43,04% entre las ruedas de ambos lados del eje motriz. Unas circunstancias que, según la Fiscalía, hacían que el vehículo no estuviera en condiciones adecuadas para circular.
Qué ocurrió antes de llegar a la glorieta
El accidente tuvo lugar el 9 de octubre de 2023. Aquel día, el conductor comenzó su jornada con un servicio escolar entre Medina Sidonia y Barbate. Posteriormente recogió en Jerez a 23 estudiantes que debían ser trasladados hasta la Facultad de Medicina de Cádiz.
La acusación sostiene que el chófer afrontó el tramo descendente del puente de la Constitución de 1812 a una velocidad de 105 kilómetros por hora. El escrito fiscal apunta además que lo hizo con una conducción desatenta y sin adaptar la velocidad a las condiciones del vehículo y de la vía.
Durante el descenso existen sucesivas limitaciones de velocidad. Según los datos recogidos por la Fiscalía, el autobús circulaba a 94,8 km/h cuando pasó por la señal que limitaba la velocidad a 70 y todavía lo hacía a 86,8 km/h a la altura de la señal de 40.
Cuando llegó a la glorieta Miguel Ángel Blanco, el vehículo circulaba a 79,9 km/h. El conductor perdió entonces el control del autobús, que atravesó la mediana, invadió el sentido contrario y terminó alcanzando la zona de acerado.
Allí arrolló a los dos jóvenes de 17 y 19 años que se encontraban junto a un paso de peatones. Después alcanzó a una mujer de 60 años y a un hombre de 86, que fallecería posteriormente en el hospital.
La acusación sostiene que los atropellos podían haberse evitado
Uno de los puntos centrales del juicio será determinar hasta qué punto influyeron tanto el estado mecánico del autobús como la actuación del conductor. La Fiscalía mantiene que, pese a la importante pérdida de eficacia de los frenos, todavía existía margen para detener el vehículo.
Según sus cálculos, si el conductor hubiera accionado el sistema de frenado con la presión necesaria, el autobús habría podido detenerse tras recorrer 151,93 metros, quedándose en la zona de colisión del muro próximo a El Corte Inglés. La acusación sostiene, por tanto, que en ese supuesto no se habrían producido los atropellos mortales.
Además de los cinco años de prisión solicitados para cada acusado, la Fiscalía reclama ocho años de inhabilitación profesional: para ejercer como conductor profesional en el caso del chófer y como empresario del transporte en el caso del responsable de la compañía.
El Ministerio Fiscal solicita asimismo indemnizaciones superiores a los 500.000 euros para los perjudicados. El accidente también provocó daños en mobiliario urbano y en un vehículo estacionado, mientras que varios pasajeros que viajaban en el autobús sufrieron heridas leves.