La OCU denuncia el colapso de citas en Seguridad Social y SEPE: hasta un mes de espera para trámites básicos
La OCU alerta del colapso en las citas de la Seguridad Social y el SEPE y pide eliminar la cita previa obligatoria
La denuncia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre el funcionamiento del sistema de cita previa en la Seguridad Social y en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha reabierto el debate sobre el acceso real de los ciudadanos a la administración.
La organización sostiene que el modelo actual, implantado de forma generalizada tras la pandemia, se ha convertido en un obstáculo que dificulta realizar gestiones básicas como solicitar una pensión de jubilación o tramitar una prestación por desempleo.
Según la entidad, las demoras acumuladas y la escasa disponibilidad de citas están generando un auténtico cuello de botella administrativo en numerosas provincias españolas.
Para evaluar la situación, la OCU llevó a cabo un estudio práctico centrado en la solicitud de la pensión de jubilación a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Durante dos semanas se realizaron seis intentos de cita previa en oficinas de 26 provincias diferentes.
Los resultados obtenidos reflejan, según la organización, una disponibilidad muy limitada que impide a muchos ciudadanos completar el trámite en su propia ciudad.
En más de la mitad de los intentos realizados no fue posible obtener cita en la capital de la provincia correspondiente, lo que obligaba a buscar atención en otros municipios o a retrasar el procedimiento.
El informe señala además que en algunas capitales de provincia la falta de citas fue absoluta durante todo el periodo analizado. Ciudades como Granada, Tarragona, Valencia o Zaragoza no ofrecieron ninguna cita disponible en ninguno de los seis intentos realizados por los técnicos de la organización.
En contraste, Bilbao, Murcia y Málaga presentaron una disponibilidad considerada moderada, aunque con tiempos de espera que la OCU considera excesivos. En Bilbao la media de espera alcanzó los 28 días, mientras que en Murcia se situó en torno a los 20 días y en Málaga superó los 23 días para una simple gestión presencial relacionada con la jubilación.
SEPE y las colas de espera insoportables
La organización decidió ampliar el análisis al Servicio Público de Empleo Estatal para comprobar si la situación se repetía en la solicitud de prestaciones por desempleo.
Este trámite resulta especialmente sensible porque debe completarse en un plazo máximo de quince días hábiles desde la pérdida del empleo para evitar recortes en la ayuda económica.
Si bien la disponibilidad de citas fue ligeramente mejor que en el INSS, los datos obtenidos siguen mostrando retrasos importantes en distintas provincias. En Barcelona y Tarragona no se logró cita ni en la capital ni en otras oficinas cercanas durante los intentos realizados por los investigadores.
En otros territorios la situación tampoco resultó favorable. En ciudades como Albacete, Bilbao u Oviedo las primeras citas disponibles aparecían entre 28 y 32 días después de la solicitud.
Según la OCU, estos plazos pueden provocar que muchos solicitantes pierdan parte de la prestación a la que tienen derecho.
Obligan con frecuencia a recurrir a la tramitación por internet, una alternativa que no siempre está al alcance de personas mayores o ciudadanos con escasas competencias digitales o sin acceso estable a equipos informáticos y conexión adecuada a internet doméstico habitual.
La OCU sostiene que el mantenimiento obligatorio de la cita previa para recibir atención presencial contradice el objetivo de garantizar un acceso universal a los servicios públicos.
Por ello propone eliminar este requisito al menos en los trámites considerados urgentes y establecer mecanismos de atención preferente para colectivos vulnerables y personas mayores.
La organización también plantea crear mesas de apoyo sin cita en las principales oficinas administrativas para ayudar a obtener certificados digitales y aprender a utilizarlos correctamente. Asimismo reclama un compromiso de la administración para resolver gestiones urgentes en un máximo de cinco días y el resto.