La OCU lanza una advertencia al Gobierno y pide bajar el IVA ante la fuerte subida de carburantes o la luz
La OCU pide al Gobierno rebajar impuestos ante el fuerte encarecimiento de carburantes, gas y electricidad
La Organización de Consumidores y Usuarios reclama medidas fiscales urgentes para aliviar el impacto del alza energética en los hogares españoles y advierte de posibles incrementos adicionales en las facturas.
La petición de la OCU llega en un momento especialmente delicado para los hogares españoles, que en pocas semanas han visto cómo el coste de llenar el depósito o pagar la energía doméstica vuelve a situarse en niveles de fuerte presión sobre la economía familiar.
Según la organización, la escalada reciente de los carburantes no responde únicamente a factores estructurales del mercado internacional, sino también a la rápida traslación de las tensiones geopolíticas al precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.
En su comunicado, la Organización de Consumidores y Usuarios recuerda que cerca de la mitad del precio de la gasolina y del diésel corresponde a impuestos.
Por ello considera que una reducción temporal del IVA o del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos podría amortiguar el impacto inmediato en los bolsillos de los ciudadanos, especialmente en un contexto marcado por el encarecimiento simultáneo de otros suministros esenciales.
Los datos manejados por la asociación muestran la intensidad del encarecimiento reciente.
En apenas una semana, el precio medio de la gasolina habría aumentado un 8,4 %, mientras que el del diésel se habría disparado un 16,6 %.
Para la OCU, este comportamiento coincide con el aumento de las tensiones en Oriente Medio, un factor que suele trasladarse con rapidez a los mercados energéticos internacionales.
Advertencia de la OCU
La organización también advierte de que el encarecimiento energético no se limitará al combustible para vehículos.
A su juicio, la tendencia del mercado podría provocar en los próximos meses un incremento cercano al 30 % tanto en las facturas del gas como en las de electricidad, lo que incrementaría aún más la presión sobre millones de hogares.
Ante esta situación, la OCU sostiene que el sistema fiscal no debería amplificar el impacto de la crisis energética.
La organización insiste en que el aumento del precio de la energía no puede convertirse en una vía adicional de recaudación para las arcas públicas, especialmente cuando afecta de forma directa al consumo cotidiano de las familias y al coste del transporte.
Otro de los puntos señalados por la asociación es el comportamiento de algunas estaciones de servicio durante los últimos días.
Según sus observaciones, las gasolineras de bajo coste y las vinculadas a supermercados han aplicado subidas más intensas que otros operadores, aunque siguen manteniéndose como las alternativas más baratas dentro del mercado.
La OCU pone especial atención en el caso del diésel, combustible que ha registrado la subida más pronunciada.
La explicación, señala el colectivo, está relacionada con la dependencia exterior de España para abastecerse de este producto, ya que la capacidad de refino nacional resulta insuficiente para cubrir toda la demanda.
Sin embargo, la organización considera que el traslado del aumento del petróleo a los surtidores españoles se ha producido con una rapidez difícil de justificar.
En su opinión, muchas estaciones de servicio están vendiendo todavía combustible refinado a partir de petróleo adquirido semanas atrás a precios más bajos que los actuales.
Por este motivo, la asociación reclama al Gobierno que refuerce los mecanismos de supervisión del mercado energético.
El objetivo, explica, es garantizar que las subidas responden realmente a la evolución de los costes y evitar posibles incrementos injustificados que terminen perjudicando a los consumidores.
Las demandas de la OCU coinciden además con las advertencias del sector del transporte profesional.
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte, Fenadismer, ha solicitado un control inmediato sobre las petroleras al considerar que algunas compañías podrían estar repercutiendo las subidas mayoristas antes de agotar las reservas adquiridas a precios anteriores.
El debate sobre impuestos energéticos vuelve así al centro de la agenda económica en un momento marcado por la incertidumbre internacional y la presión sobre los consumidores.