El Puro Latino, uno de los ejes de la investigación de la Guardia Civil por presunto blanqueo que ya suma once detenidos
El festival figura entre los contratos cuya documentación ha sido requerida por los investigadores y varios de sus promotores se encuentra entre los detenidos
El Puro Latino ha pasado en apenas dos días de preparar una nueva edición a convertirse en uno de los nombres que más se repiten dentro de la investigación judicial por presunto blanqueo que dirige el Juzgado de Instrucción número 5 de El Puerto de Santa María.
El festival aparece en varios de los contratos públicos cuya documentación ha sido requerida por la Guardia Civil y entre los once detenidos confirmados figura uno de sus promotores, además de otros empresarios vinculados al proyecto.
El levantamiento del secreto de sumario ha permitido conocer que la causa investiga presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, revelación de secretos y uso de información privilegiada. El procedimiento sigue dirigido por el Juzgado de Instrucción número 5 de El Puerto de Santa María.
El nombre del festival figura en la documentación que la Guardia Civil ha solicitado a distintas administraciones públicas dentro de las diligencias judiciales. Entre ella se encuentra el expediente del contrato de patrocinio concedido por la Diputación de Cádiz para la edición de este año, así como la información requerida a la Junta de Andalucía sobre las ayudas y patrocinios relacionados con el evento.
Ese contrato se suma a otros expedientes de patrocinio vinculados a sociedades relacionadas con el entorno empresarial de Pascual Llopis, que junto a otros eventos musicales superan el millón de euros entre 2024 y 2026.
Once detenidos y varios empresarios vinculados al proyecto
La investigación ha dado un salto en las últimas horas tras confirmarse la existencia de once detenidos y una persona investigada. Entre los arrestados figura el empresario portuense Pascual Llopis, uno de los promotores del Puro Latino, así como otros empresarios vinculados al desarrollo del proyecto empresarial del festival.
Las actuaciones se han desarrollado de forma simultánea en distintos puntos de las provincias de Cádiz y Sevilla, con registros en establecimientos, oficinas y domicilios relacionados con los investigados, además del requerimiento de documentación administrativa a diferentes instituciones públicas.
Nacido en El Puerto de Santa María, el Puro Latino ha experimentado un importante crecimiento durante los últimos años hasta convertirse en una de las principales citas musicales del verano andaluz. Su expansión ha llevado la marca a distintas ciudades españolas, manteniendo la localidad portuense como uno de sus principales escenarios.
La edición de 2026 continúa prevista para finales del mes de julio y, hasta el momento, no existe ninguna resolución judicial que afecte a la celebración del evento ni se ha comunicado oficialmente modificación alguna en su programación.
Los contratos públicos, bajo análisis
La investigación también ha situado el foco sobre los contratos públicos de patrocinio relacionados con distintos festivales y eventos musicales. La Guardia Civil ha requerido cinco expedientes a la Diputación de Cádiz, entre ellos el correspondiente al Puro Latino, además de solicitar información a la Junta de Andalucía sobre los patrocinios concedidos al festival.
La petición de esta documentación forma parte de las diligencias de investigación y no implica, por sí sola, irregularidades en los contratos analizados ni determina responsabilidades para las administraciones o empresas afectadas.
El levantamiento del secreto de sumario ha permitido conocer el alcance inicial de la operación, aunque la instrucción judicial continúa abierta y las diligencias siguen su curso. Será la evolución de la investigación la que determine el alcance de las posibles responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse del procedimiento.
Por el momento, el Puro Latino se ha convertido en uno de los principales ejes documentales de la causa al concentrar parte de los contratos públicos cuya documentación está siendo analizada por los investigadores, mientras la presunción de inocencia de todas las personas investigadas permanece plenamente vigente durante todo el procedimiento.