Acusan a Bruno García de saltarse el protocolo que impide desahucios a familias con menores en Cádiz
Apdha e IU denuncian que el Ayuntamiento ignoró un acuerdo de 2022 que obliga a coordinar a Procasa y Servicios Sociales antes de lanzar a una familia con menores
El caso del desalojo de Tamara Manzano junto a sus dos hijas del piso de Procasa en el que vivía en la barriada de Guillen Moreno sigue gerenado críticas y censuras a la actuación del Ayuntamiento de Cádiz, al que diferentes colectivos (y la propia afectada) avusa de no haber ofrecido alternativa habitacional en este caso excepcional.
Ahora, Izquierda Unida y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) acusan al alcalde de Cádiz, Bruno García, de haber incumplido el protocolo municipal que impide desahuciar a familias con menores sin antes garantizar una alternativa. Lo ocurrido con Tamara Manzano, madre de dos hijas menores desalojada el pasado 1 de abril, lo consideran una vulneración grave de los derechos más básicos.
A comienzos de semana, el portavoz de la APDHA en Cádiz, Rafael Lara, señaló en la rueda de prensa celebrada el martes junto a Tamara. “Existe un protocolo firmado en 2022 entre Servicios Sociales y Procasa. Ese protocolo obliga a actuar con especial precaución cuando hay menores. Pero en este caso se lo han saltado”, afirmó.
Ahora Izquierda Unida ha hecho público el documento firmado en 2022 por el gerente de Procasa, Jesús Martínez Caño, en coordinación con la Delegación de Servicios Sociales. En él se establece que “antes de proceder al lanzamiento de una familia con menores, se deben activar todos los mecanismos sociales y valorar su situación de vulnerabilidad para buscar soluciones alternativas”.
Lara también denunció que la propia administración municipal emitió un informe reconociendo la vulnerabilidad de Tamara, pero que ni eso frenó el procedimiento. “La jueza no ha aplicado la ley y el Ayuntamiento no ha hecho los informes necesarios. Es cruel. Lo que han hecho con Tamara es criminalizar a la pobreza”, señaló, en alusión a que el Ayuntamiento no solo ejecutó el desahucio, sino que llevó a Tamara por la vía penal, una decisión inédita hasta la fecha en la ciudad.
Desde IU y la APDHA recuerdan que el Real Decreto-ley 1/2025, aprobado por el Gobierno en enero, impide ejecutar desahucios a personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de este año. “No estamos pidiendo que se salte la lista de demandantes. Pedimos que no se deje en la calle a una madre con dos niñas sin dar otra opción. Para eso existen protocolos y excepcionalidades, y el Ayuntamiento las ha ignorado”, insistió Lara.
La formación política y la entidad de derechos humanos coinciden en exigir una revisión inmediata del baremo de excepcionalidad que se aplica en Cádiz y reclaman voluntad política real para dar soluciones a las familias más vulnerables. “No puede ser que se siga priorizando la venta de suelo público a promotoras mientras las personas siguen en la calle”, concluyen.
Concentración este viernes en apoyo a Tamara
La APDHA ha convocado una nueva movilización este viernes 10 de mayo, a las 11:00 horas, en la puerta del Ayuntamiento de Cádiz. Será un acto de apoyo a Tamara Manzano y de protesta contra la gestión del equipo de Gobierno local en materia de vivienda. La entidad exige que se cumplan los protocolos de protección de menores y que se garantice una alternativa habitacional digna para esta familia.
“No se puede desahuciar a una madre con dos niñas y dejarla en un albergue sin cocina ni condiciones”, denunció esta semana Rafael Lara.