LaLiga bloquea sin pruebas a Cádiz Directo en su descontrolada cruzada antipiratería
LaLiga ha incluido a Cádiz Directo en su última oleada de bloqueos por supuesta piratería digital sin disponer de ninguna prueba ni realizar ninguna verificación, ya que este medio no reproduce ni emite imágenes de los partidos.
La medida, avalada por un juzgado de Barcelona, se está ejecutando de forma automática y masiva, afectando también a otras webs legítimas desde el pasado 15 de abril. Unos bloqueos que ponen en entredicho las garantías mínimas del Estado de derecho, ya que se realiza sin pruebas ni las más mínimas garantías.
LaLiga distribuye semanal listados de direcciones IP a los principales proveedores de Internet en España —como Vodafone, Movistar u Orange— para que estos bloqueen el acceso desde el país a decenas de webs, entre ellas, medios legítimos como Cádiz Directo. Este uso espurio de herramientas judiciales sin auditoría ni revisión convierte a las operadoras en agentes ejecutores de una censura preventiva y empresarial. Un castigo preventivo, arbitrario y sin pruebas, que pone en grave peligro el futuro de medios de comunicación que cumplen con la ley, ya que le capan el volumen de visitas y, por ende, sus ingresos.
En este caso, un medio que cumple escrupulosamente las normas que le dicta el departamento de Comunicación del Cádiz CF, solo puede basarse en una sospecha por el nombre: “Cádiz Directo”, que desde Madrid habrán asociado con emisión en directo. Ni más, ni menos.
La realidad es que el medio lleva 12 años informando sobre la actualidad del Cádiz CF y jamás ha emitido imágenes durante los partidos. Cuando ha utilizado material audiovisual ha sido únicamente a través de las propias cuentas oficiales de Movistar o LaLiga Hypermotion en redes sociales.
Además, desde hace tiempo siguen a rajatabla las indicaciones del club: no publicar vídeos desde el interior del estadio mientras está el partido en juego (y eso que no acudimos a los partidos acreditados como periodistas, sino que lo hacemos como abonados del club), usar las imágenes oficiales del club, con su correspondiente firma... Pese a esa cautela, este medio ha sido condenados sin juicio.
Estamos ante lo que parece una aberración jurídica en un Estado de derecho: se está señalando como culpables a medios completamente inocentes, sin proceso, sin derecho a defensa y sin una sola prueba. Se vulneran derechos fundamentales recogidos en el artículo 24 de la Constitución Española, que garantiza la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa. También se ven afectados principios esenciales del artículo 20, que ampara la libertad de expresión y de información. La consecuencia directa afecta directamente a los medios y sus periodistas: menos tráfico, menos ingresos, despidos, precariedad.
Y todo ello, amparado por un procedimiento opaco que favorece los intereses multimillonarios de una organización que actúa como juez, parte y verdugo mientras la Justicia y el Gobierno no dicen nada y las operadoras se prestan a esta aberración para tratar de tener una posición ventajosa en cualquier negociación con LaLiga.
Este castigo arbitrario, que recuerda más a una política de tierra quemada que a una estrategia jurídica proporcionada, pone en jaque la viabilidad de los medios lícitos a los que cercena. A menor tráfico, menos ingresos. Lo que se denuncia es una aberración: que se considere culpable a alguien sin ninguna prueba. Porque en este caso, simplemente no la hay. Nunca ha habido una retransmisión ilegal, ni difusión de imágenes protegidas, es que ni siquiera ha habido una retransmisión. El medio ni siquiera accede al estadio como prensa, sino como abonados, y aun así cumple con las normas impuestas por el club y por los titulares de derechos.
Mientras tanto, LaLiga no responde. El correo electrónico de contacto no funciona, nadie atiende el teléfono y las escasas respuestas que se obtienen remiten a otras direcciones sin respuesta alguna. Es un muro. Una maquinaria sorda que ejecuta sin contrastar. Una organización que, amparada en su poder y respaldada por decisiones judiciales automáticas, actúa como juez, parte y verdugo, incluso cuando los acusados no han cometido ningún delito.
Desde Cádiz Directo se defiende combatir la piratería, pero no de este modo. Si para acabar con las emisiones ilegales hay que arrasar con medios legales, entonces lo que se combate ya no es la piratería: es la libertad de prensa. Por ello, este medio ha emprendido las medidas legales que considera oportunas.
En este caso concreto, a lo mejor el verdadero problema es que se informa de lo que algunos no quieren que se sepa. Se critica lo que algunos no quieren que se critique. Y eso, para ciertos intereses, es más imperdonable que cualquier infracción técnica.