Piden al Ayuntamiento de Cádiz un plan real contra la explotación sexual tras la operación policial en el Paseo Marítimo
Cádiz Abolicionista reclama que cumpla con los compromisos adoptados en Pleno y ponga en marcha un plan integral
Un día después de la desarticulación de una red de trata de mujeres con fines de explotación sexual en la ciudad, la asociación Cádiz Abolicionista ha reclamado al Ayuntamiento de Cádiz que pase de las declaraciones a los hechos. En un comunicado contundente, el colectivo exige al equipo de Gobierno que actúe con responsabilidad ante lo que califican como una realidad instalada en el tejido urbano y favorecida por la inacción institucional.
“La reciente desarticulación de una red de explotación sexual en Cádiz confirma lo que desde Cádiz Abolicionista venimos señalando desde hace años: nuestra ciudad se ha convertido en un entorno propicio para que operen mafias que sostienen el sistema prostitucional”, señalan. A juicio de la organización, esta situación “no es nueva, ni aislada”, sino fruto de “una combinación peligrosa de permisividad institucional y ausencia de políticas públicas centradas en los derechos de las mujeres”.
Desde el colectivo recuerdan que en 2021, el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz aprobó por mayoría —con el voto a favor del Partido Popular, hoy al frente del Gobierno municipal— la adhesión de la ciudad a la Red de Municipios Libres de Trata. Algunas de las personas que hoy ostentan cargos de responsabilidad como tenientes de alcalde o concejales participaron entonces de ese compromiso político. Sin embargo, Cádiz Abolicionista denuncia que dicho compromiso no se ha traducido en acciones concretas: “Pertenecer a la Red de Municipios Libres de Trata no puede ser una medalla institucional vacía. O se traduce en políticas públicas valientes, o se convierte en pura retórica”.
El comunicado profundiza en los factores que, según el colectivo, han favorecido el asentamiento de redes de explotación sexual en la ciudad. Apuntan a la “masificación”, el “auge de la turistificación” y la “mercantilización del espacio urbano” como condiciones que “están favoreciendo el asentamiento de redes de explotación sexual”. En ese contexto, aseguran que “el sistema prostitucional no aparece como un fenómeno marginal, sino como parte de una lógica económica que tolera la violencia siempre que se disfrace de consumo o elección personal”.
Durante el inicio del actual mandato municipal, Cádiz Abolicionista presentó dos propuestas claras: por un lado, “la separación de la Delegación de Igualdad y LGTBI”, con el fin de que “cada realidad política tenga su propio espacio de atención”; y por otro, “el reconocimiento de las mujeres en situación de explotación sexual y víctimas de trata como víctimas de violencia de género dentro del servicio municipal Unidad Alerta”. Ambas medidas, consideran, eran “asumibles” y “razonadas”, pero no han recibido respuesta institucional.
Critican también que, “más allá de acciones simbólicas, en Cádiz no existe hoy una política pública estructural frente al sistema prostitucional”. Denuncian que “los prostituidores y proxenetas actúan con total impunidad desde pisos turísticos, salones de masajes y plataformas digitales. Y lo hacen aquí, entre nosotras, sin que las instituciones miren hacia donde deben mirar”.
En este contexto, Cádiz Abolicionista le pide al Ayuntamiento que impulse un plan municipal integral contra la explotación sexual, dotado de presupuesto, personal formado, mecanismos de inspección reales, coordinación institucional y campañas de concienciación que cuestionen “los discursos que legitiman el sistema prostitucional como si fuera una opción libre”.
La asociación cierra su comunicado con un mensaje directo al equipo de Gobierno: “Cádiz merece más que silencio. Merece responsabilidad. Gobernar no es ocupar una silla, es tomar decisiones y asumir compromisos. Hoy, el Partido Popular tiene esa responsabilidad. Y cada día que pasa sin actuar, también está tomando partido”.
Estas afirmaciones llegan tras la operación llevada a cabo por la Policía Nacional el pasado 3 de mayo, que permitió liberar a tres mujeres y detener a cuatro personas en Cádiz. Entre los arrestados se encuentra un matrimonio gaditano con antecedentes por tráfico de drogas, que lideraba la red desde su domicilio en la calle Ceuta. Las mujeres eran captadas en Medellín, Colombia, y trasladadas a la ciudad con falsas promesas. Una vez aquí, eran explotadas sexualmente en pisos —como el situado en el Paseo Marítimo— bajo amenazas y deudas impuestas de hasta 14.000 euros.
La investigación, realizada por el Grupo Operativo de Extranjeros de la Comisaría Provincial de Cádiz junto con la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos, ha permitido identificar hasta ahora a 32 víctimas. En los registros realizados, la Policía incautó contratos de alquiler ficticios, cámaras de vigilancia, anotaciones manuscritas sobre las deudas y dinero en efectivo.