Fachada en ladrillos del Centro de Salud de La Janda, con amplitud.
Centro de Salud de La Janda.

Adelante exige anular el nuevo pliego de limpieza en centros de salud de la Bahía de Cádiz y La Janda

La Junta de Andalucía, al permitir este funcionamiento, estaría incurriendo en una evidente dejación de funciones en la vigilancia del contrato, según sostienen desde Adelante

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La formación andalucista de izquierdas Adelante Andalucía ha exigido a la Junta de Andalucía la inmediata anulación del nuevo pliego de condiciones para la limpieza de los centros de salud de la Bahía de Cádiz así como de la comarca de La Janda.

A pesar de contemplar un aumento presupuestario superior al millón de euros anuales en relación al contrato anterior, el nuevo documento no recoge mejoras laborales destacables para este colectivo de trabajadoras del servicio, que sigue externalizado y, tal y como denuncian, marcado por la precariedad pero también de sobrecarga y la falta de reconocimiento de derechos laborales básicos como el plus de toxicidad.

La denuncia pública tuvo lugar el 5 de agosto de 2025, cuando Adelante Andalucía criticó públicamente a la Junta por su actitud de “connivencia evidente con la empresa CLECE y la patronal del sector de limpieza”.

Según la formación política, esta postura del Gobierno andaluz es claramente perjudicial, de forma directa, a las trabajadoras que se encargan de garantizar la higiene y seguridad en los centros sanitarios públicos, sobre todo en zonas tan sensibles como la Bahía de Cádiz y La Janda.

El eje central de las críticas orbita en torno a la omisión del plus de toxicidad en el nuevo pliego, se trata de una reivindicación histórica del colectivo de limpieza que desempeña su labor en condiciones que, aseguran, justifican de forma sobrada ese complemento salarial.

Desde Adelante denuncian que la patronal se niega sistemáticamente a reconocer el derecho que las trabajadoras tienen, y que la Junta se limita a actuar como observadora, “trasladando responsabilidades sin intervenir para garantizar el respeto a los derechos laborales”.

La situación se agrava, según los datos facilitados por el comité de empresa, por el incumplimiento por parte de CLECE de su obligación de realizar las necesarias sustituciones durante las bajas del personal.

Este incumplimiento habría generado, según las denuncias, un ahorro económico importante para la empresa adjudicataria, pero al precio del incremento de carga física y emocional para las trabajadoras.

La Junta de Andalucía, al permitir este funcionamiento, estaría incurriendo en una evidente dejación de funciones en la vigilancia del contrato, según sostienen desde Adelante.

Incremento presupuestario de la Junta de Andalucía

A pesar del incremento presupuestario reflejado en el nuevo pliego, se han detectado incluso recortes de horas estructurales del servicio, esto lo que hace es generar más presión sobre una plantilla ya sobrecargada.

Desde la formación de izquierdas se sostiene que este tipo de decisiones consolida un modelo de gestión que prioriza el beneficio empresarial frente al bienestar de las empleadas y el buen funcionamiento del servicio público.

Adelante Andalucía ha solicitado también la puesta en marcha de una auditoría independiente para asegurar la transparencia, en la que se incluya la participación directa del comité de empresa.

A juicio de la formación, esta investigación podría determinar si, como afirman los representantes de las trabajadoras, ha existido o existe un uso indebido de los fondos públicos por parte de la empresa adjudicataria, y si la administración autonómica ha hecho dejación de sus responsabilidades de supervisión de todo ello.

Además, se insiste en que el plus de toxicidad debe incorporarse de forma inmediata a las condiciones laborales que deben tener estas trabajadoras, como elemento imprescindible para garantizar su dignidad y el reconocimiento justo a la naturaleza de su trabajo.

“La dignidad de estas trabajadoras no es negociable, y sus derechos no deben considerarse un gasto, sino una obligación que la Junta de Andalucía tiene el deber de garantizar”, indican desde Adelante.