AIG pone en cuestión la capacidad de Pablo Otero para seguir al frente de Asuntos Sociales tras su despido de la Residencia Fragela
El grupo municipal reclama explicaciones al alcalde Bruno García y recuerda que ya alertó en mayo sobre la gestión del edil durante el conflicto laboral en la residencia
La reacción política al despido de Pablo Otero, concejal del Ayuntamiento de Cádiz y responsable de Asuntos Sociales, como director de la Residencia de Mayores Fragela que publicó Cádiz Directo no se ha hecho esperar.
Desde Adelante Izquierda Gaditana (AIG) se piden al alcalde, Bruno Garcia, explicaciones públicas sobre lo ocurrido en el centro tras conocerse que el cese ha sido calificado como despido procedente, una decisión que, según el grupo municipal, obliga a revisar la capacidad del edil para continuar al frente de una delegación que consideran “especialmente sensible”.
El portavoz de AIG, David de la Cruz, sostiene que su grupo quiere conocer “qué ha sucedido realmente” para que se haya formalizado un despido del hasta ahora director de la residencia.
Recuerda que se trata, además, del máximo responsable municipal de Asuntos Sociales, una delegación que “debe garantizar y proteger los derechos sociales de los gaditanos y gaditanas”. A juicio de la formación, el relevo en Fragela vuelve a abrir el debate sobre si Otero reúne las condiciones necesarias para seguir gestionando esta área dentro del Ayuntamiento.
De la Cruz explica que en mayo ya alertaron públicamente de la actuación del edil durante el conflicto laboral que se produjo en la residencia. Entonces, tras una piblicación de Cádiz Directo, AIG denunció que había trabajadores que promovían la creación de un comité de empresa y que, según la organización sindical CCOO, sufrieron presiones y obstáculos en su actividad organizativa.
Ese episodio derivó en un despido posteriormente revertido y generó un clima de tensión interna que se prolongó durante semanas. AIG defendió desde el primer momento que la gestión del edil en aquel proceso no era compatible con el cargo público que desempeña.
El portavoz insiste en que la decisión reciente de la Fundación Fragela, unida a aquellos antecedentes, hace necesario que Otero dé explicaciones detalladas sobre lo ocurrido. Para la formación, se trata de un hecho de “relevancia política”, ya que afecta directamente a la credibilidad de la delegación de Asuntos Sociales.
Un conflicto que AIG recuerda que no es nuevo
AIG subraya que esta situación “no llega de golpe”. De la Cruz rememora que en mayo su grupo municipal fue acusado por el alcalde, Bruno García, de realizar “ataques personales” cuando exigieron responsabilidades por el conflicto sindical en Fragela.
El portavoz sostiene ahora que “el tiempo les da la razón”, ya que la sucesión de acontecimientos —el despido inicial de una trabajadora, la presión sindical, la posterior readmisión, la suspensión de empleo y sueldo del propio Otero y, finalmente, su despido procedente— conforman un escenario que, en opinión de la formación, “no puede pasar desapercibido”.
En su valoración, el portavoz insiste en un mensaje que ya lanzaron entonces: “alguien que persigue los derechos laborales no puede ser cargo público”. Una idea que reiteran ahora para contextualizar su petición de explicaciones sobre la situación del concejal.
Para AIG, la figura de un responsable público debe ser coherente “en todos los espacios de su vida”, y por ello consideran necesario despejar cualquier duda sobre la gestión del edil en la residencia y sobre su idoneidad para continuar en su puesto municipal.
El grupo municipal sostiene que es obligación del propio Otero y del equipo de gobierno aclarar la situación. AIG afirma que la gestión de los servicios sociales municipales requiere estabilidad y confianza, y que cualquier controversia relacionada con la capacidad o el desempeño del responsable político de esta área debe contar con explicaciones claras y verificables.
Según De la Cruz, “lo que ha ocurrido en Fragela es algo serio y tiene implicaciones institucionales”, por lo que entienden que las explicaciones no deben limitarse al ámbito privado del anterior director del centro, sino que afectan directamente a su responsabilidad en el Ayuntamiento.
El comunicado concluye con una referencia al papel del alcalde, Bruno García, al que piden que tome una postura más activa ante lo ocurrido y que valore si la situación actual de Otero es compatible con seguir al frente de una delegación clave en la ciudad. Para AIG, la prioridad debe ser garantizar que la gestión de los asuntos sociales se realiza “con rigor, transparencia y sin sombras de duda”.