Antifraude admite la denuncia contra la concejala de Vivienda de Cádiz por conflicto de intereses
Adelante Izquierda Gaditana piede al alcalde, Bruno García, el cese de Ana Sanjuán
La situación política en el Ayuntamiento de Cádiz ha dado un nuevo giro después de que la Oficina Antifraude de Andalucía admitiera a trámite la denuncia presentada por Izquierda Unida contra la concejala de Vivienda y presidenta de Procasa, Ana Sanjuán por conflicto de intereses por su participación en una empresa constructora.
La denuncia por su posible conflicto de intereses llegó por la prosible vinculación familiar de la concejala con la promotora propietaria de parte del suelo de Casitas Bajas.
En la declaración de bienes correspondiente a 2024, Ana Sanjuán figuraba como socia con un 42,5 por ciento de participación en la empresa CAV Servicio Integral de Proyectos y Obras SL y un 50 por ciento en CAV Home Group SL, ambas dedicadas a actividades de construcción y promoción inmobiliaria.
Sin embargo, en el documento presentado este año esas participaciones ya no aparecen, según señalan desde Adelante Izquierda Gaditana. Desde la oposición surge la duda de si la edil continúa vinculada a esas sociedades y, en caso afirmativo, por qué motivo no se han reflejado en la nueva declaración oficial, lo que ha levantado sospechas sobre la transparencia de la gestión.
Desde Adelante Izquierda Gaditana recuerdan que los reglamentos del Ayuntamiento obligan a los cargos públicos a declarar con transparencia cualquier vínculo económico que pueda generar incompatibilidades. La desaparición de las participaciones empresariales de Ana Sanjuán en su última declaración, sostienen, deja un vacío de información que cuestiona su idoneidad para seguir al frente del área de Vivienda.
La polémica se intensifica por la conexión familiar de la edil con la promotora propietaria de parte del suelo de Casitas Bajas, uno de los enclaves urbanísticos más relevantes para el futuro de la ciudad. “Estamos ante un conflicto de intereses evidente: Sanjuán dirige Procasa y, al mismo tiempo, tiene vínculos con quienes poseen terrenos afectados por la política de vivienda”, afirmó el portavoz de AIG, David de la Cruz.
El grupo ha anunciado que en el próximo Pleno del 25 de septiembre interpelará directamente al alcalde Bruno García. Según de la Cruz, “ya pedimos explicaciones en anteriores sesiones y seguimos sin respuestas claras. Aquí se está vulnerando el Reglamento Ético y de Buen Gobierno del Ayuntamiento, que exige neutralidad absoluta en la gestión pública”.
AIG señala también que los estatutos de Procasa obligan a evitar cualquier conflicto de intereses, algo que, en su opinión, no se está cumpliendo. “Mantener a Sanjuán en su cargo es insostenible y compromete la credibilidad del Ayuntamiento”, recalcó el portavoz.
Bloqueo en el Consejo de Procasa
El grupo municipal denuncia que esta situación afecta de manera directa al funcionamiento de Procasa. En cada reunión del Consejo de Administración donde se debaten adjudicaciones, Sanjuán debe abstenerse de participar, lo que provoca retrasos y un clima de bloqueo que altera la gestión de la vivienda pública. “No es un caso aislado, es algo que se repite de forma sistemática y que impide avanzar en la política municipal de vivienda”, señaló de la Cruz.
Adelante Izquierda Gaditana responsabiliza también al alcalde Bruno García de no haber actuado con determinación. “No puede seguir mirando hacia otro lado. Si realmente quiere garantizar transparencia, debe retirar de inmediato las competencias de Vivienda a Sanjuán”, insistió de la Cruz. Para la oposición, solo apartando a la edil se podrá recuperar la confianza en la gestión municipal y evitar que los intereses privados interfieran en lo público.