Autonomía Obrera acusa a la UCA y a la empresa de limpieza de “coaccionar y amedrentar” a las trabajadoras
Asegura que la universidad volvió a pedir la intervención policial en Puerto Real y critica que la empresa enviara requerimientos al personal tras las movilizaciones
El conflicto por el servicio de limpieza de la Universidad de Cádiz (UCA) sigue escalando. Autonomía Obrera ha denunciado que en la tarde de ayer miércoles 5 de noviembre volvió a haber presencia policial durante las protestas de las trabajadoras, esta vez en el campus de Puerto Real.
Según el sindicato, la universidad solicitó de nuevo la intervención de la Policía Nacional, “como ya ocurrió el pasado viernes 31 en el Rectorado de Cádiz”.
“Esta es la realidad de la Universidad de Cádiz: el rector, la empresa Itelymp y los responsables del servicio acuden a la policía para amedrentar a las trabajadoras”, ha afirmado el presidente de Autonomía Obrera, Manuel Bienvenido, este jueves.
“Las compañeras estaban reivindicando mejoras laborales que dignifiquen su trabajo, mientras quienes las explotan desde hace años siguen robándoles salud y derechos”, añade.
Requerimientos escritos de la empresa
El sindicato denuncia además que la empresa adjudicataria del servicio, Itelymp S.L., ha comenzado a enviar comunicaciones formales al personal de limpieza, responsabilizándolas de “alterar la actividad” universitaria durante las protestas.
En una de esas cartas, a la que ha tenido acceso este medio, la empresa advierte de que, a instancias de la UCA, podría aplicarse “penalidzaciones económicas” al contrato si continúan los comportamientos que “perturban el uso normal de los edificios públicos”.
El documento, firmado por la responsable de Itelymp, indica que “la Universidad de Cádiz ha requerido el ejercicio de la potestad empresarial” para frenar las concentraciones que se desarrollan “dentro de los edificios públicos, utilizando megafonía, bocinas y gritando consignas”.
En el texto, la empresa recuerda que “las trabajadoras mantienen vinculación laboral durante sus descansos y deben cumplir los deberes de buena fe y probidad”, advirtiendo que podrían ser corresponsables de los perjuicios económicos ocasionados.
“Intimidación y chantaje”
Autonomía Obrera considera esta actuación “una coacción intolerable” y acusa a la empresa y a la universidad de actuar “de forma conjunta para intimidar al colectivo y silenciar la protesta”. “Se trata de un intento claro de chantaje y represión laboral”, denuncia Bienvenido, quien sostiene que “la UCA, en lugar de resolver el conflicto, opta por amenazar a las trabajadoras y enviar a la policía”.
“Las trabajadoras de la limpieza no están cometiendo ningún delito: están defendiendo sus derechos, después de más de treinta años de precariedad. Que se utilice la presencia policial dentro de una universidad pública y se remitan cartas de advertencia por protestar es algo gravísimo”, afirma el dirigente sindical.
Asambleas y nuevas movilizaciones
El sindicato ha convocado nuevas asambleas de trabajadoras para los próximos viernes y sábado, tanto en Cádiz como en Puerto Real, para definir los próximos pasos del conflicto. “Ellas han perdido el miedo y encontrado el camino para hacer frente a quienes viven muy bien a costa de su salud y su esfuerzo. La dignificación que se merecen es solo cuestión de tiempo”, ha señalado Bienvenido.
Autonomía Obrera ha vuelto a reclamar a la comunidad universitaria “claridad y valentía” para apoyar públicamente a las trabajadoras, recordando que el servicio de limpieza “es esencial para el funcionamiento de la UCA”. “Sin limpieza no hay universidad”, insiste el sindicato, que mantiene su lema en todas las concentraciones.
Contexto del conflicto
Las trabajadoras del servicio de limpieza mantienen desde finales de octubre un encierro indefinido en la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz. Las protestas se intensificaron tras la publicación del nuevo pliego de licitación del servicio el pasado 2 de noviembre, que Autonomía Obrera considera “una reedición del modelo de precariedad” que denuncian desde hace años. El sindicato acusa a la universidad de “priorizar los beneficios empresariales frente a los derechos laborales” y de mantener “una gestión opaca e intervencionista”.
Por su parte, la Universidad de Cádiz ha defendido en sucesivos comunicados que su actuación “se ajusta al marco legal y laboral vigente” y que el nuevo pliego “incorpora mejoras orientadas a reforzar la calidad del servicio y las condiciones del personal”. También ha recordado que las mejoras salariales adicionales deben negociarse con la empresa adjudicataria y no con la institución.