Bronca en el Pleno de Cádiz: protesta de Ayuda a Domicilio por el futuro del servicio
Se mascaba la tensión desde que comenzó el Pleo del Ayuntamiento de Cádiz y acabó explotando. Más bien, se notaba desde ayer cuando el Consistorio anunció que iba a rechazar la propuuesta de Óbolo de renunciar al servicio de Ayuda a Domicilio y el comité de empresa le acusó de mentir. Y hoy, denunció que no podría hablar.
Y al final, el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz se convirtió este jueves en escenario de una fuerte bronca protagonizada por las trabajadoras de la Ayuda a Domicilio, que llevan semanas denunciando incumplimientos de la empresa concesionaria Óbolo. Medio centenar de auxiliares acudieron a la sesión y, entre gritos de “¡No queremos a Óbolo!” y “¡Municipalización ya!”, paralizaron el debate durante cerca de una hora.
La protesta reflejó el hartazgo del colectivo tras un mes de gestión marcado por nóminas con cantidades irrisorias —en algunos casos apenas unos céntimos— y la falta de aplicación del plus de 200 euros recogido en los acuerdos del SERCLA. La tensión fue tal que una trabajadora sufrió un ataque de ansiedad y tuvo que ser atendida fuera del salón plenario.
El alcalde Bruno García insistió en que la continuidad de Óbolo es la única opción legal y aseguró que la empresa se ha comprometido a pagar lo que debe: “Estamos atados por un proceso legal, pero queremos que la compañía cumpla con vosotras. Lo que hacemos es para vosotras, no contra vosotras”, defendió, aunque apenas pudo concluir su intervención entre interrupciones.
Las trabajadoras mostraron desconfianza absoluta hacia esas promesas. “¿Cómo comemos, alcalde? ¿Cómo pagamos las hipotecas si nos ingresan 20 céntimos de nómina?”, reprocharon desde la grada. Varias auxiliares lanzaron sus batas al suelo como gesto simbólico de protesta.
La oposición respalda la municipalización
En medio de la bronca, la oposición municipal —PSOE, Adelante Izquierda Gaditana e IU— volvió a defender la municipalización del servicio como única salida viable. El portavoz socialista, Óscar Torres, llegó a ofrecer sus votos para iniciar el proceso, recordando que la Ley de Contratos permite intervenir un servicio en caso de incumplimientos graves. “Paguen las nóminas o inicien ya la municipalización”, reclamó el concejal Carlos Paradas.
Desde la bancada popular, en cambio, se insistió en que el contrato actual supone mejoras históricas: un presupuesto que pasó de 3,9 a 9,3 millones de euros y un precio/hora que subió de 15,61 a 20,5 euros para las trabajadoras.
La protesta culminó con un ultimátum del comité de empresa: si el 1 de octubre no están regularizadas las nóminas de agosto y septiembre, convocarán huelga. “Si esto no se arregla… ¡huelga, huelga, huelga!”, corearon las trabajadoras al término de un pleno marcado por la tensión, el enfrentamiento directo con el alcalde y la incertidumbre sobre el futuro del servicio.
Así se ha desarrollado el punto y la protesta: