Cádiz: 45 días para una cita médica y denuncias de "privatización" de la Sanidad
Adelante Andalucía denuncia listas de espera récord y acusa al PP de “arrebatar la sanidad pública”
En Cádiz, conseguir una cita médica se ha convertido en una odisea cotidiana. Según denuncias recogidas por Adelante Andalucía, vecinos de barrios como La Laguna han tenido que esperar hasta 45 días para ser atendidos por su médico de cabecera.
En algunos casos, la fecha que devuelve la aplicación se va ya a octubre. Esto genera angustia entre quienes padecen dolor o incertidumbre y necesitan respuesta inmediata. “Es inaceptable”, resume David de la Cruz, portavoz municipal de la formación.
De la Cruz es contundente: el Gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía está “convirtiendo un derecho fundamental como la sanidad pública en un privilegio”.
La crítica se articula en dos vías que, a su juicio, aceleran una privatización de facto: por un lado, el desvío de dinero público a clínicas privadas; por otro, la presión que empuja a muchos vecinos a pagar de su bolsillo consultas o pólizas para sortear colapsos.
“Estamos creando una sociedad de clases: quienes pueden hacer el esfuerzo acceden a la salud; quienes no, se quedan sin atención”.
El malestar se percibe en lo cotidiano: citas que no aparecen en la app, intentos fallidos por teléfono y agendas que rebotan fechas semana tras semana. Para mucha gente, la sensación no es solo de demora, sino de desigualdad: pagar acelera; no pagar, espera. Esa es la línea roja que, según Adelante Andalucía, no debería cruzar un servicio público que siempre se consideró un patrimonio común.
El “nuevo hospital”: promesas frente a la realidad
La polémica de las listas de espera convive con anuncios institucionales como el nuevo hospital para Cádiz o el centro de salud en el Mentidero. Adelante Andalucía rechaza que esas promesas, a día de hoy, alivien el problema de fondo: la saturación en la atención primaria.
“Que no nos vengan con la milonga del nuevo hospital. La realidad es que el PP nos está arrebatando la sanidad pública, lo más valioso que teníamos como sociedad”, sostuvo De la Cruz, subrayando que la solución pasa por reforzar plantillas y recursos en los centros existentes.
En esa misma línea, usuarios y profesionales señalan que el cuello de botella no se resuelve con titulares, sino con tiempo clínico y medios para que cada médico pueda atender dignamente a su cupo. Mientras tanto, los vecinos siguen buscando hueco en agendas cada vez más largas, con citas propuestas semanas más tarde de lo razonable para dolencias que requieren valoración temprana.
Mareas Blancas: la respuesta ciudadana
Frente a este escenario, Adelante Andalucía ha mostrado su respaldo a las Mareas Blancas, movimientos ciudadanos que llevan años defendiendo la sanidad pública. La próxima fecha marcada en rojo es el 2 de septiembre, día en que se prevé entregar más de 50.000 firmas en la Oficina del Censo Electoral para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa de un sistema sanitario público y digno.
La iniciativa busca visibilizar lo que califican de “situación desastrosa”: listas de espera que desesperan a los pacientes, precarización de las plantillas que sostienen la atención diaria y una deriva que, dicen, favorece los intereses de “amigos empresarios” mientras erosiona lo común. La ILP se entiende, así, como un mecanismo de presión democrática y un termómetro del hartazgo social.
Cádiz, símbolo de un problema mayor
Aunque el foco está en Cádiz, la denuncia se reconoce en otras localidades de Andalucía. La formación señala que se repiten patrones de saturación: agendas que rebotan, filtros que alejan al paciente de su médico y un esfuerzo sostenido de profesionales que trabajan al límite.
En Cádiz, el dato de los 45 días es simbólico, pero el mensaje va más allá: el sistema, tal y como funciona hoy, pone a muchos vecinos ante una elección imposible entre esperar o pagar.
Para Adelante Andalucía, el camino de salida exige decisiones inmediatas: reforzar la atención primaria, proteger la sanidad pública como derecho y garantizar que ningún vecino quede fuera por motivos económicos.