Condenan a Correos por no proteger a una empleada que sufrió acoso sexual durante más de dos años en Cádiz
La sentencia cuestiona que no se adoptaran medidas de protección tras la denuncia y ya ha sido recurrida ante el TSJA
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La Justicia ha condenado a Correos y a uno de sus responsables a indemnizar a una trabajadora de la provincia de Cádiz que sufrió acoso sexual durante más de dos años.
La resolución de un juzgado de lo Social considera acreditados los comportamientos denunciados y señala también la responsabilidad de la empresa por no garantizar una protección suficiente a la empleada mientras investigaba los hechos.
El caso llegará ahora al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), después de que todas las partes hayan recurrido la sentencia.
El procedimiento judicial se inició tras una demanda por vulneración de derechos fundamentales.
Durante el juicio, la trabajadora expuso una sucesión de comportamientos de carácter sexual que no había consentido y que se produjeron en un contexto de dependencia laboral respecto al denunciado.
La magistrada consideró acreditada su versión después de examinar distintas pruebas. Entre ellas figuraban testimonios de compañeros, documentación, informes periciales y comunicaciones mantenidas mediante aplicaciones de mensajería y redes sociales.
Los testimonios y mensajes que respaldaron la denuncia de la trabajadora
Uno de los aspectos determinantes del procedimiento fue la valoración de las pruebas aportadas. La declaración de la empleada encontró respaldo en compañeros que habían presenciado algunos comportamientos y observado el malestar que le provocaban.
También se incorporaron una evaluación psicológica y un análisis informático de comunicaciones. La valoración conjunta de estos elementos permitió al juzgado establecer que existieron conductas de naturaleza sexual no deseadas.
La posición laboral del denunciado tuvo especial importancia. La trabajadora temía que rechazar abiertamente aquellas situaciones pudiera perjudicar sus condiciones profesionales, una circunstancia que la resolución tuvo en cuenta al examinar lo sucedido.
El superior negó las acusaciones durante el juicio. Argumentó que algunas conversaciones y situaciones habían sido interpretadas de manera incorrecta y cuestionó determinados aspectos de la relación jerárquica descrita por la demandante.
Sin embargo, esas explicaciones no modificaron la valoración judicial de los hechos.
Correos despidió al superior, pero el juzgado cuestiona su actuación
La empleada buscó asesoramiento en el sindicato CGT, que la acompañó durante el proceso de denuncia. Posteriormente acudió al departamento de Recursos Humanos de Correos para comunicar lo sucedido y solicitar la activación del protocolo contra el acoso.
Entre sus peticiones figuraba una medida que impidiera mantener el contacto laboral con el superior denunciado.
La investigación interna detectó indicios de acoso sexual y recomendó iniciar actuaciones disciplinarias. Finalmente, Correos despidió al responsable, aunque este ha impugnado la decisión.
La controversia judicial no se limitó a las conductas denunciadas. También se examinó si la empresa había protegido adecuadamente a la empleada durante la investigación.
Correos defendió que había actuado con diligencia y justificó la ausencia de medidas cautelares en que la trabajadora se encontraba de baja médica.
El juzgado rechazó que esa circunstancia fuera suficiente. Consideró necesario distinguir entre investigar y sancionar unos hechos y adoptar medidas destinadas a proteger a quien los denuncia.
La posibilidad de que la empleada tuviera que reincorporarse mientras seguía dependiendo profesionalmente del denunciado fue uno de los aspectos valorados.
Una indemnización pendiente de la decisión del Tribunal Superior de Justicia
La sentencia establece una indemnización por daños morales que deberán asumir solidariamente Correos y el superior denunciado. La información disponible no permite precisar su cuantía.
La resolución contempla además qué sucedería si el trabajador despedido recuperase su puesto tras recurrir la sanción. En ese supuesto, Correos tendría que garantizar medidas que evitaran el contacto entre ambos.
Desde CGT han cuestionado la duración del procedimiento interno y reclaman una revisión del protocolo empresarial contra el acoso. La representación jurídica de la trabajadora también discrepa de la indemnización fijada.
El fallo todavía no es firme. Corresponderá al TSJA examinar los recursos presentados y decidir si mantiene o modifica la resolución dictada en primera instancia. Se trata de un procedimiento laboral por vulneración de derechos fundamentales, no de una condena penal.