Facahada de la Audiencia Provincial de Cádiz
Fachada de la Audiencia Provincial de Cádiz. Foto: Eulogio García.

Denuncian "los abusos laborales" contra las trabajadoras de limpieza de los Juzgados de Cádiz

Autonomía Obrera acusa a Atende Servicios Integrados de amenazas, incumplimientos y sobrecarga de trabajo en el Palacio de Justicia

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“En casa del herrero, cuchillo de palo”. Con este dicho popular, el sindicato Autonomía Obrera resume la situación que atraviesan las trabajadoras de limpieza en el Palacio de Justicia de Cádiz.

Allí, en el espacio que debería ser símbolo de legalidad y derechos, denuncian estar sufriendo maltrato laboral a manos de Atende Servicios Integrados S.L., empresa adjudicataria del servicio y filial del Grupo Clece.

La denuncia pública del sindicato señala a la compañía por prácticas de coacción, amenazas e incumplimiento sistemático del Pliego de Condiciones firmado con la Junta de Andalucía. Un cúmulo de irregularidades que, según Autonomía Obrera, se traduce en sobrecarga de trabajo, precariedad y deterioro de la salud laboral de un colectivo compuesto en un 90% por mujeres.

El episodio más grave se produjo durante una visita de representantes de la empresa al Palacio de Justicia, donde adoptaron lo que el sindicato describe como una actitud “intimidatoria”. En ese encuentro, las trabajadoras fueron advertidas de posibles reducciones de servicio, una estrategia que Autonomía Obrera interpreta como una forma de presión “mezquina y ruin” contra la plantilla.

Más allá de las amenazas, los incumplimientos del contrato son continuos. Atende está obligada a cubrir un mínimo de 196 horas semanales, lo que equivale a más de 20.000 horas al año. Sin embargo, la empresa acumula más de un año sin cubrir bajas laborales, licencias ni vacaciones.

En el Palacio de Justicia de Cádiz, indica el sindicato, una baja de 38 horas semanales sigue sin sustituirse, mientras que otras por accidente o jubilación han sido absorbidas por el resto de la plantilla sin refuerzo alguno.

El resultado es un aumento de la carga laboral que no se ve reflejado en las nóminas. “El exceso de trabajo lo pagan las trabajadoras con su salud, y luego la propia empresa será la que se queje de absentismo, cuando son sus políticas las que lo generan”, advierte Autonomía Obrera.

La paradoja de que estos abusos se produzcan dentro de un juzgado añade un componente de indignación al conflicto. “Si en el Palacio de Justicia no se cumplen los derechos laborales, ¿qué se puede esperar fuera de él?”, se preguntan desde el sindicato.

Además, Autonomía Obrera cuestiona la actuación de la Junta de Andalucía, responsable última de supervisar el cumplimiento del contrato. El sindicato exige explicaciones al funcionario designado como responsable de este servicio y reclama una intervención inmediata que ponga fin a lo que considera un atropello a la dignidad laboral.

La denuncia también alcanza al Grupo Clece, matriz de Atende, que públicamente se presenta como una empresa comprometida con la inclusión y la integración de colectivos vulnerables. Para Autonomía Obrera, este discurso es “hipócrita” y contrasta con las prácticas que se están llevando a cabo en Cádiz, donde trabajadoras esenciales para el funcionamiento de la administración de justicia sufren explotación, amenazas y sobrecarga.