En la imagen se observan varias armas de aire comprimido, munición y 28.000 euros en efectivo, junto a la cartelería policial del Ministerio del Interior que autentifica la operación.
Armas de aire comprimido y munición incautadas por la Policía Nacional durante la operación en una finca de Chiclana. Foto: Policía Nacional.

Desmantelada en un chalet de Chiclana una red de explotación sexual y liberadas 15 mujeres

Cuatro detenidos, todos familia, controlaban el negocio ilegal y vigilaban a las víctimas con cámaras. Se incautó 28.000 euros, armas de aire comprimido y documentación

Actualizado:

La Policía Nacional ha desarticulado en Chiclana una organización criminal dedicada a la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual.

El grupo, integrado por cuatro personas pertenecientes a una misma familia, mantenía a las víctimas bajo un férreo control en una finca rústica convertida en un auténtico prostíbulo clandestino. En el operativo fueron liberadas 15 mujeres, algunas de ellas en situación irregular, que vivían sometidas a vigilancia constante y sin posibilidad de abandonar el lugar.

La investigación comenzó tras diversas informaciones que apuntaban a la existencia de un inmueble en la periferia de Chiclana donde se ejercía la prostitución de forma encubierta. Al llegar los agentes, se encontraron con una parcela con varias construcciones añadidas, habilitadas como habitaciones para las mujeres explotadas.

Según fuentes policiales, el lugar funcionaba como una auténtica “casa-prostíbulo”, donde las víctimas eran tratadas como mercancía y obligadas a permanecer disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Los investigadores descubrieron que las mujeres compartían camas dobles, electrodomésticos y baño, normalmente por parejas, para evitar conflictos que pudieran reducir los ingresos de los explotadores. A cambio, debían entregar la mitad de los beneficios obtenidos por los servicios sexuales, bajo la constante amenaza de perder el techo o ser denunciadas por su situación irregular.

El inmueble estaba equipado con un completo sistema de videovigilancia que permitía a los responsables controlar cada movimiento dentro y fuera de la finca. Las cámaras no solo servían para vigilar a las mujeres, sino también para detectar cualquier posible intervención policial.

En el registro del domicilio, los agentes hallaron 28.000 euros en efectivo, diversas armas de aire comprimido y abundante documentación contable que acreditaba el alto volumen de ingresos generado por la actividad ilícita.

Además, se incautaron dispositivos electrónicos y cuadernos con anotaciones sobre los turnos, precios y ganancias diarias. Todo ello refuerza la tesis de que la organización funcionaba como un negocio familiar perfectamente estructurado, con roles definidos entre los cuatro detenidos: desde la captación y control de las víctimas hasta la gestión económica del prostíbulo.

15 mujeres liberadas y una investigación abierta

Durante la intervención, la Policía Nacional localizó a diez mujeres en el interior del inmueble y a otras cinco previamente identificadas, elevando a quince el número total de víctimas confirmadas.
La mayoría eran extranjeras y se encontraban en una situación administrativa irregular, lo que incrementaba su vulnerabilidad y dependencia hacia los explotadores. Varias de ellas han sido derivadas a recursos de protección especializados en atención a víctimas de trata, donde reciben apoyo psicológico, asistencia legal y ayuda para su recuperación.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental no descartan nuevas detenciones en el marco de esta investigación, ya que se sospecha que la red podría haber contado con colaboradores externos o intermediarios encargados de captar a mujeres en distintas provincias.

La operación culminó tras semanas de vigilancia y coordinación entre diferentes unidades policiales. Para los agentes, este operativo supone un golpe importante contra la trata de personas en la provincia de Cádiz, donde en los últimos años se han detectado varios puntos de explotación sexual encubierta bajo apariencia de negocios legales.

El éxito de la intervención ha permitido rescatar a las víctimas, desmantelar la infraestructura criminal y reunir pruebas que podrían derivar en importantes condenas judiciales.