Detenido por presuntas irregularidades en la vigilancia de una obra en El Puerto
La Policía Nacional descubre a varias personas realizando tareas de seguridad sin la habilitación exigida y detecta que la empresa responsable tampoco contaba con autorización para prestar estos servicios
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Una investigación de la Policía Nacional sobre los servicios de vigilancia de una obra en El Puerto de Santa María (Cádiz) ha terminado con una persona detenida por su presunta implicación en un delito contra los derechos de los trabajadores.
La intervención ha permitido detectar posibles irregularidades en la protección de las instalaciones, donde varias personas realizaban funciones propias de vigilantes de seguridad sin disponer de la habilitación profesional obligatoria.
La empresa encargada de estas labores tampoco contaba con la autorización administrativa necesaria para operar en el sector.
Las inspecciones destapan cómo se vigilaba la obra
La actuación ha sido desarrollada por la Unidad Local de Seguridad Privada de El Puerto de Santa María, perteneciente a la Policía Nacional de Cádiz, después de recibir distintas informaciones sobre posibles servicios de vigilancia prestados al margen de la normativa.
Los agentes iniciaron las comprobaciones para determinar quién estaba realizando esas funciones y en qué condiciones se desarrollaba el trabajo.
Durante las inspecciones observaron a varias personas efectuando recorridos por el perímetro de la construcción y controlando diferentes espacios del recinto. Entre sus cometidos figuraba la vigilancia de maquinaria, materiales de obra e instalaciones para evitar posibles robos.
Estas tareas resultaron determinantes para la investigación, ya que no se limitaban a una actividad ordinaria de mantenimiento o presencia en las instalaciones, sino que incluían funciones de protección de bienes sometidas a requisitos legales específicos.
A partir de esas observaciones, los investigadores recopilaron declaraciones y documentación relacionada con los servicios contratados. Las comprobaciones permitieron establecer que la empresa responsable no disponía de la autorización administrativa exigida para desarrollar actividades de seguridad privada.
La investigación desembocó en la detención de una persona por su presunta participación en un delito contra los derechos de los trabajadores.
La Policía instruyó las correspondientes diligencias, aunque no ha concretado públicamente la identidad del detenido ni su relación laboral o empresarial con el servicio investigado.
Posibles sanciones graves por prestar seguridad sin autorización
La intervención policial también ha abierto una vía administrativa independiente de las diligencias penales.
Los agentes han formulado propuestas de sanción por presuntas infracciones muy graves de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, que regula las condiciones necesarias para ofrecer servicios profesionales de vigilancia y protección.
Las irregularidades detectadas afectan a dos cuestiones fundamentales: la prestación de servicios por una empresa sin autorización y el desempeño de funciones reservadas a vigilantes de seguridad por personas que carecen de la habilitación correspondiente.
Además, la investigación contempla una posible responsabilidad administrativa relacionada con la contratación de esos servicios. Este aspecto permitirá examinar las obligaciones legales vinculadas a la empresa o entidad que recurrió a la vigilancia investigada.
Por el momento, no se han comunicado sanciones definitivas ni se ha precisado cuántas personas desarrollaban las tareas inspeccionadas. Las propuestas administrativas deberán tramitarse conforme al procedimiento correspondiente.
La detención tampoco supone una declaración de culpabilidad. La eventual responsabilidad penal tendrá que determinarse mediante las actuaciones judiciales que procedan.
Qué exige la ley para vigilar instalaciones y materiales de construcción
La normativa española establece requisitos concretos para las empresas y profesionales dedicados a proteger instalaciones, establecimientos y bienes.
Según ha recordado la Policía Nacional, las funciones de vigilancia deben ser realizadas por trabajadores con la habilitación profesional correspondiente y vinculados a empresas autorizadas por el Ministerio del Interior.
Estas compañías deben figurar inscritas en el Registro Nacional de Seguridad Privada, que permite comprobar su autorización para desarrollar las actividades reguladas.
La exigencia no se limita a un trámite administrativo. El sistema establece condiciones de formación, cualificación y control para quienes asumen responsabilidades de seguridad.
En una obra de construcción, la protección de maquinaria, herramientas y materiales puede requerir servicios de vigilancia específicos. Cuando esas labores constituyen actividades reservadas a profesionales habilitados, no pueden encomendarse libremente a personal sin la acreditación exigida.
La Policía Nacional advierte de que el intrusismo en este sector puede afectar tanto a las garantías de seguridad como a las condiciones laborales de quienes desempeñan estas funciones.
En el caso investigado en El Puerto de Santa María, las diligencias penales y las propuestas administrativas se centran precisamente en esas posibles irregularidades.