El alcalde, Bruno García con Maite González y José Carlos Teruel en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno Local. Foto: Eulogio García.
El alcalde, Bruno García con Maite González y José Carlos Teruel en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno Local. Foto: Eulogio García.

El Ayuntamiento de Cádiz estudia municipalizar la ayuda a domicilio y abre un expediente a la empresa concesionaria

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El Ayuntamiento de Cádiz ha dado este viernes un doble paso en relación con el servicio de ayuda a domicilio. La Junta de Gobierno Local ha aprobado encargar a la sociedad municipal Cádiz 2000 un estudio de viabilidad para analizar la posibilidad de asumir directamente la gestión del servicio cuando finalice el contrato actual y, de forma paralela, ha acordado iniciar un expediente sancionador contra la empresa concesionaria.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha explicado que el encargo busca estudiar si el Ayuntamiento puede asumir la gestión pública de este servicio a través de Cádiz 2000. Según ha indicado, el informe deberá analizar la viabilidad jurídica, económica, legal y administrativa de esta posibilidad antes de adoptar una decisión definitiva.

García ha subrayado que se trata de un primer paso y no de una decisión cerrada, al señalar que el Gobierno local quiere tomarla con información sobre la viabilidad del modelo desde el punto de vista jurídico, administrativo y económico.

El alcalde ha enmarcado esta medida en la importancia que el servicio de ayuda a domicilio tiene para la ciudad. En este sentido, ha defendido que las trabajadoras y los trabajadores realizan una labor “muy importante” y “esencial”, por lo que el Ayuntamiento quiere que estén “siempre en las mejores condiciones”, tanto por ellos como por la calidad del servicio que se presta a los usuarios.

De forma paralela, el Ayuntamiento ha anunciado el inicio de un expediente sancionador contra la empresa que actualmente presta el servicio. García ha explicado que esta decisión llega después de varios requerimientos municipales para corregir incidencias que, según ha señalado, todavía no han sido resueltas en su totalidad.

El procedimiento sancionador se basa principalmente en dos cuestiones. Por un lado, las incidencias relacionadas con el registro de control de presencia de la plantilla, que el Ayuntamiento exige que esté correctamente documentado. Por otro, el porcentaje de errores detectados en las nóminas de las trabajadoras, una situación que el alcalde ha asegurado que el Consistorio no va a permitir.

Bruno García ha afirmado que el Ayuntamiento “va a por todo” para que el servicio funcione correctamente y ha defendido que el expediente se abre una vez agotado un periodo previo de requerimientos a la empresa concesionaria.

Durante la comparecencia, el alcalde también ha aportado datos sobre la evolución del servicio. Según ha detallado, el número de usuarios ha pasado de 1.091 a 1.316 personas, con 637 altas desde el inicio del contrato. También ha señalado que se ha producido un crecimiento en el número de trabajadores, en la plantilla y en las horas de atención.

García ha recordado además que el Ayuntamiento incorporó una dotación de 1,2 millones de euros al presupuesto para mejorar las condiciones del servicio, lo que permitió que las trabajadoras sumaran 200 euros mensuales a sus sueldos. Aun así, ha reconocido que siguen existiendo incidencias y ha insistido en que el Gobierno municipal no va a detenerse hasta que el servicio esté “bien”.