El Ayuntamiento de El Puerto estudia bloquear el aval de Óbolo por los incumplimientos denunciados por las trabajadoras
El Consistorio estudia las vías legales para garantizar el pago de cantidades pendientes a las trabajadoras mientras reclama a la antigua adjudicataria la documentación que acredite el cumplimiento de sus obligaciones laborales
El Ayuntamiento de El Puerto, la empresa Óbolo, el sindicato CCOO y el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) centran un nuevo episodio del conflicto surgido tras las denuncias de la plantilla por presuntos incumplimientos laborales.
El Gobierno municipal ha confirmado que estudia la posibilidad de retener el aval que la empresa depositó al hacerse con el contrato, una medida que se encuentra en análisis jurídico y que tendría como finalidad proteger los derechos de las trabajadoras si se acreditan los incumplimientos denunciados.
El Consistorio de El Puerto examina el aval como posible garantía
La cuestión fue abordada durante una reunión entre el teniente de alcalde de Contratación, Javier Bello, y representantes sindicales de CCOO.
En ese encuentro, las delegadas trasladaron que continúan existiendo cantidades pendientes de abono correspondientes a distintos conceptos salariales y que varias extrabajadoras siguen sin haber recibido las liquidaciones derivadas del fin de su relación laboral con la empresa.
Tras conocer esa situación, el Ayuntamiento de El Puerto explicó que la empresa ha solicitado la devolución del aval constituido durante el proceso de adjudicación del contrato.
Pero los servicios municipales están estudiando si la normativa de contratación pública permite mantener retenida esa garantía mientras se determina el alcance de los hechos denunciados y las posibles responsabilidades contractuales.
Según ha trasladado el Gobierno local, el contrato obliga a la adjudicataria a cumplir las condiciones laborales establecidas en el convenio colectivo durante toda la vigencia de la prestación.
Esa circunstancia es uno de los elementos que están siendo analizados para valorar si los incumplimientos denunciados podrían tener consecuencias dentro del propio contrato administrativo.
Requerimiento a la empresa para acreditar los pagos
Además del estudio sobre el aval, el Ayuntamiento ha requerido formalmente a Óbolo para que aporte la documentación que demuestre el pago de los finiquitos pendientes y de otros conceptos reclamados por la plantilla, entre ellos determinadas cantidades vinculadas a festivos y otras retribuciones denunciadas por las representantes sindicales.
El Ejecutivo municipal sostiene que utilizará los mecanismos previstos en la legislación de contratación pública para comprobar el grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa cuando obtuvo la concesión del servicio.
El objetivo, según ha explicado el Consistorio, es garantizar tanto el respeto de las condiciones laborales como el correcto desarrollo del contrato público.
Javier Bello también agradeció la información facilitada por las representantes sindicales durante la reunión y aseguró que el seguimiento del expediente continuará mientras se recopila la documentación necesaria para esclarecer la situación.
El conflicto continúa tras el cambio de gestión del servicio
La controversia llega después del relevo en la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio. Desde el pasado 1 de julio, la prestación dejó de estar en manos de Óbolo y pasó a ser asumida por la empresa municipal Avanza El Puerto, dentro del proceso de municipalización impulsado por el Ayuntamiento.
Pese a ello las reclamaciones de parte de la plantilla afectan al periodo en el que la anterior concesionaria era responsable del servicio.
Días antes de anunciar el posible bloqueo del aval, el Gobierno municipal ya había avanzado que estudiaba acciones jurídicas y administrativas si se confirmaban los incumplimientos denunciados por las trabajadoras.
Con la reunión mantenida con CCOO y el análisis específico sobre la garantía económica depositada por la empresa, el Ayuntamiento da un nuevo paso dentro de ese procedimiento, aunque por el momento no ha adoptado una decisión definitiva sobre la retención del aval.
Mientras continúa ese análisis, el expediente permanece abierto y el Consistorio mantiene la revisión de la documentación que pueda acreditar tanto las obligaciones cumplidas por la antigua adjudicataria como las reclamaciones planteadas por la plantilla.
El resultado de esa evaluación será determinante para decidir si procede activar alguna de las medidas previstas por la normativa de contratación pública.