El comité de Ayuda a Domicilio acusa al alcalde de Cádiz de mentir sobre el acuerdo con Óbolo
La crisis de la Ayuda a Domicilio en Cádiz parece que no se cierra, como sugería un comunicado de ayer miércoles del Ayuntamiento de Cádiz. El Consistorio anunció que rechazará la petición de la empresa Óbolo de resolver de mutuo acuerdo el contrato adjudicado el pasado 1 de agosto, asegurando que la compañía se ha comprometido a abonar los conceptos pactados y a continuar con el servicio.
Pero la respuesta del comité de empresa ha sido inmediata y demoledora: acusan al alcalde Bruno García de “mentir sobre lo ocurrido” y denuncian que la nota municipal está “plagada de falsedades”.
Según el equipo de Gobierno, la empresa Óbolo no presentó una renuncia formal al contrato, sino una solicitud de resolución que se rechazará en el Pleno municipal. De este modo, el Ayuntamiento sostiene que el servicio seguirá en manos de la compañía, que ya habría comunicado tanto al Consistorio como al comité su intención de abonar las nóminas y los complementos acordados en el SERCLA.
“El compromiso que asumimos con el colectivo de trabajadoras y con todos los gaditanos se ha cumplido con creces”, defendió el Gobierno local, subrayando que el presupuesto destinado al contrato ha pasado de 3,9 a 9,3 millones de euros y el precio/hora que cobran las auxiliares de 15,61 a 20,5 euros. “Nos comprometimos a encontrar una solución y la hemos conseguido al confirmar la empresa que va a cumplir con el contrato firmado”, concluyó el alcalde.
La réplica del comité: “mentiras y manipulaciones”
El comunicado del comité de empresa fue frontal. “Estuvimos en otra reunión o el equipo de gobierno fantasea mientras miente sobre lo ocurrido”, señalan en el escrito. Según las trabajadoras, lejos de haber un compromiso firme, en el encuentro el Ayuntamiento les pidió recopilar todos los incumplimientos posibles de Óbolo para forzar una sanción que facilitara su salida del servicio, algo que contradice la versión oficial de estabilidad.
El comité también rechaza que la empresa haya aceptado íntegramente los acuerdos. Explican que Óbolo solo se comprometió a incluir el plus de 200 euros en la nómina de septiembre, pero no a abonarlo desde agosto como estaba pactado. Además, denuncian que la compañía sigue interpretando de manera restrictiva ese complemento, limitándolo a cuatro meses, lo que consideran un nuevo incumplimiento.
La desconfianza hacia la empresa es absoluta. “La palabra de Óbolo es papel mojado visto lo visto, pero lo más grave es que la palabra del equipo de Gobierno y de Bruno García va más en consonancia con la empresa pirata que con el colectivo de trabajadoras”, reprochan. Y van más allá: “El alcalde no estuvo a la altura, hizo gala de su catadura moral y política demostrando hoy que miente más que habla”.
A la espera del Pleno
La confrontación llega justo en vísperas del Pleno municipal que se esta desarrollando en la mmañana de este miércoles, en el que se debatirá la solicitud de Óbolo de romper el contrato. El comité ya ha llamado a la movilización y advierte que defenderán con firmeza que “con nuestro trabajo, el alquiler de nuestras casas y el alimento de nuestras familias no se juega”.
La exigencia de municipalizar el servicio vuelve así al centro del debate. El comité insiste en que la privatización ha fracasado y que solo la gestión pública garantizará estabilidad para las trabajadoras y calidad en la atención a los usuarios.
La disputa se remonta a principios de septiembre, cuando el comité de empresa denunció que Óbolo abonó nóminas de apenas 20 céntimos a algunas trabajadoras y acusó a la compañía de manipular los acuerdos alcanzados en el SERCLA.
El caso tuvo un rápido eco político: Adelante Izquierda Gaditana llevó la crisis al Pleno y exigió la municipalización, mientras que Izquierda Unida alertó del caos que afecta a unos 800 dependientes de la ciudad, muchos de ellos tras esperar años para que se les reconociera su derecho a recibir asistencia.
En este escenario, el anuncio de continuidad hecho por el Ayuntamiento buscaba dar calma y transmitir la idea de que la situación estaba encauzada. Sin embargo, la durísima respuesta del comité pone en duda esa versión y anticipa que el conflicto seguirá vivo.