El contrato que levanta suspicacias: la Diputación de Cádiz paga 14.999 € al medio de Vito Quiles y Javier Negre sin concurso público
El periodista Fonsi Loaiza ha desvelado la adjudicación directa al medio ultraderechista Estado de Alarma TV, por el importe máximo permitido por ley
La Diputación de Cádiz, presidida por Almudena Martínez del Junco (PP), ha adjudicado un contrato de 14.999 euros (el máximo permitido por ley para una contratación directa) al medio digital Estado de Alarma TV, fundado y dirigido por Javier Negre y en el que participa el agitador Vito Quiles, conocido por su actividad en redes sociales y su cobertura de actos políticos.
El contrato se tramita bajo el concepto de “servicio de publicidad institucional”, y su importe coincide exactamente con el límite legal para evitar un procedimiento de licitación pública. La operación ha despertado sospechas sobre la oportunidad y la justificación del gasto, ya que el medio apenas tiene presencia informativa estable en la provincia de Cádiz ni se han detallado las campañas concretas que se difundirán a cambio.
Estado de Alarma TV es un medio con un enfoque marcadamente opinativo y una línea editorial de ultraderecha, alejada del perfil habitual de los canales con los que suelen contratar las administraciones locales. Por ello, el destino del contrato ha generado debate sobre los criterios de selección y la pertinencia de utilizar fondos públicos en este tipo de medios.
Según la información publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el objeto del contrato es la prestación de un “servicio de publicidad institucional”. Sin embargo, el documento no especifica con detalle las acciones comunicativas que se llevarán a cabo ni el alcance de la campaña.
Tampoco se explica el motivo por el cual se optó por un medio con una presencia limitada en la provincia de Cádiz. Estas circunstancias han generado un debate enn redes sobre la utilidad real del gasto y la falta de transparencia en la selección del adjudicatario.
En los últimos años, diferentes organismos y observatorios de transparencia han advertido sobre el uso reiterado de los contratos menores en administraciones locales y provinciales. Aunque son un instrumento legal y ágil para cubrir necesidades puntuales, su aplicación continuada puede servir para fragmentar contratos y eludir la competencia pública, reduciendo la transparencia del proceso.
En este caso, el importe exacto del contrato y su destino en un medio externo al entorno local han reavivado la discusión sobre la gestión de los fondos de comunicación institucional.
En redes sociales, el periodista Fonsi Loaiza fue el que hizo público este contrato, accesible en el portal de contratación estatal, lo que dio visibilidad al caso y generó una oleada de reacciones sobre el uso de los recursos públicos en materia de comunicación.
La publicación ha reavivado el debate sobre los criterios que deberían regir las campañas institucionales y sobre la conveniencia de recurrir a medios que no cuentan con implantación en el territorio o cuya línea editorial no guarda relación con la actividad pública que se pretende divulgar.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de revisar los mecanismos de transparencia en la gestión de contratos menores. Los expertos en derecho administrativo coinciden en que la legalidad no siempre garantiza la eficiencia o la equidad del gasto público, y que sería conveniente reforzar los sistemas de evaluación y rendición de cuentas.
En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones, la comunicación pública requiere no solo cumplir con la ley, sino también rendir cuentas sobre la pertinencia y el sentido de cada euro invertido.