Puerta de acceso al Centro de Salud de Barbate.
Centro de Salud de Barbate donde se produjo la agresión.

El Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda protesta contra una nueva agresión a una médico en Barbate

La Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, junto con la Gerencia del Distrito Sanitario, expresó su más enérgica repulsa y condena por lo sucedido

Actualizado:

El Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda activó su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones como respuesta a un grave episodio de violencia que ha sufrido una médico de familia del Centro de Salud de Barbate.

Los hechos tuvieron lugar cuando un familiar de una paciente irrumpió en la consulta exigiendo modificar el tratamiento que la facultativa había prescrito. Ante la negativa de esta, el individuo comenzó a proferir amenazas y finalmente la agredió físicamente, sujetándola del brazo con fuerza, esto le causó contusiones.

La Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, junto con la Gerencia del Distrito Sanitario, expresó su más enérgica repulsa y condena por lo sucedido, reiterando su compromiso con la protección de todo el personal sanitario.

Ambas instituciones convocan una concentración de repulsa frente al Centro de Salud de Barbate hoy miércoles 30 de julio a las 13:00 horas, con el objetivo de mostrar su apoyo a la profesional agredida y al conjunto del equipo médico del centro.

Este lamentable incidente pone nuevamente sobre la mesa el problema que se repite de las agresiones en el ámbito sanitario. Desde la Consejería de Salud y Consumo se recuerda que cualquier acto de violencia contra los profesionales de la salud es totalmente inaceptable y debe ser combatido con todos los recursos que estén disponibles.

La Junta de Andalucía dispone de un plan específico para hacer frente a este tipo de agresiones y de situaciones.

Plan de Prevención y Atención a las Agresiones en Andalucía

El Plan de Prevención y Atención a las Agresiones contempla una serie de medidas que son muy concretas, entre las que se incluyen la figura del “profesional guía”, que acompaña a la víctima después del incidente, así como la puesta en marcha de canales de comunicación más ágiles para reportar cualquier tipo de agresión.

Igualmente el plan incluye apoyo psicológico para el profesional afectado durante el tiempo que sea necesario, también de la formación específica para el personal en la gestión de situaciones conflictivas o violentas.

En la provincia de Cádiz, este plan se refuerza con la existencia de una comisión provincial contra las agresiones que se producen contra sanitarios. Este órgano, que forma parte del sistema establecido por el Servicio Andaluz de Salud (SAS),  reuniéndose trimestralmente en diversos puntos del territorio gaditano con el fin de evaluar la situación, identificar áreas de mejora y promover acciones que reduzcan la incidencia de estos actos.

La comisión provincial está presidida por la delegada territorial de Salud y Consumo contando con la participación de representantes de hospitales, distritos sanitarios, áreas de salud, y del 061, igualmente el plan incluye a los interlocutores de la Policía Nacional y la Guardia Civil, tanto de la provincia de Cádiz como del Campo de Gibraltar.

También forman parte de este órgano el interlocutor sanitario, la asesoría jurídica y la Secretaría General de la Delegación Territorial, a fin que todos estén representados.

Este episodio en Barbate, lejos de ser un acto aislado, están enmarcado dentro de una problemática que afecta a numerosos profesionales sanitarios en toda Andalucía y en el resto del país.

La Administración insiste en que los profesionales no deben afrontar estas situaciones en soledad recordándose que la violencia, tanto física como verbal, en entornos de atención médica es un delito que debe ser perseguido.

La concentración convocada es un gesto simbólico de solidaridad, así como una llamada de atención a la sociedad para que se reflexione sobre la gravedad de estos actos y se trabaje en su eliminación. La protección de quienes cuidan de nuestra salud debe ser una prioridad compartida por todos los actores sociales.