El juzgado respalda al Ayuntamiento de San Fernando en la batalla por la ayuda a domicilio
La Justicia avala la municipalización de la ayuda a domicilio en San Fernando y rechaza la demanda de la patronal
La Justicia ha respaldado el proceso de municipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio en San Fernando después de desestimar la demanda presentada por la patronal del sector contra el modelo implantado por el Ayuntamiento isleño.
Se trata de una resolución que supone un importante espaldarazo para el gobierno local y refuerza la continuidad de la gestión directa a través de la empresa municipal Hemsa.
El tribunal rechaza la demanda de la patronal contra el Ayuntamiento de San Fernando
La sentencia conocida en las últimas horas concluye que la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade) no estaba legitimada para recurrir judicialmente la decisión adoptada por el Consistorio de San Fernando sobre la municipalización del servicio.
De esta forma, el tribunal desestima la demanda presentada contra el acuerdo plenario que encomendó la gestión directa del Servicio de Ayuda a Domicilio a la empresa pública Hemsa.
El recurso de la patronal se dirigía específicamente contra el acuerdo del Pleno municipal que formalizaba la adjudicación de la gestión del servicio a la entidad pública.
Pero la resolución judicial subraya que existía un acuerdo previo de la Corporación local en el que ya se establecía el cambio de modelo hacia la gestión pública directa, una decisión anterior que Asade no impugnó en ningún momento y que, por tanto, adquirió firmeza jurídica.
Fuentes municipales han explicado que ese matiz resulta determinante en la resolución judicial, ya que incluso aunque la demanda hubiera prosperado parcialmente, el Ayuntamiento isleño únicamente habría tenido que repetir determinados trámites administrativos relacionados con la encomienda de gestión.
En vista de todo ello nunca revertir la municipalización, dado que el acuerdo principal que aprobaba el cambio de modelo no fue recurrido y mantenía plena validez legal.
La decisión judicial supone así un respaldo al procedimiento administrativo desarrollado por el gobierno local, que desde el primer momento defendió que todo el proceso se había llevado a cabo conforme a la legalidad vigente y respetando cada uno de los pasos exigidos por la normativa.
Un proceso complejo iniciado en pleno conflicto laboral en San Fernando
La municipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio fue anunciada en el verano de 2022 en un contexto especialmente delicado, marcado entonces por el conflicto laboral existente con la empresa adjudicataria que gestionaba el servicio en aquel momento.
Las protestas de la plantilla y las reclamaciones por las condiciones laborales llevaron al Ejecutivo municipal a plantear un cambio profundo en el modelo de gestión.
A partir de entonces comenzó un largo proceso técnico, jurídico y administrativo que se extendió durante casi dos años. La complejidad del procedimiento obligó además a adaptar la antigua estructura de la empresa pública municipal, entonces denominada Esisa, que tuvo que reformularse hasta convertirse en Hemsa para asumir las nuevas competencias y la prestación integral del servicio.
Finalmente, la municipalización se hizo efectiva el 1 de septiembre de 2024, fecha en la que el Ayuntamiento culminó oficialmente la incorporación de la ayuda a domicilio a la gestión pública directa.
Desde el gobierno municipal se insiste en que el proceso fue especialmente complejo debido al volumen de trabajadoras afectadas, la sensibilidad del servicio y la necesidad de garantizar la continuidad de la atención a personas dependientes durante toda la transición.
San Fernando: más plantilla, mejores condiciones y aumento de usuarios
Uno de los principales argumentos defendidos por el Ayuntamiento para justificar la municipalización ha sido la mejora de las condiciones laborales de la plantilla y la optimización del propio servicio. Según los últimos datos municipales difundidos en noviembre, el número de trabajadoras del SAD ha aumentado hasta alcanzar las 268 empleadas.
Ese incremento responde al crecimiento sostenido de usuarios que ha experimentado el servicio en San Fernando, donde ya se atiende a 788 personas dependientes o con necesidad de asistencia domiciliaria.
La administración local considera que esta evolución demuestra que la demanda continúa al alza y que resulta necesario un modelo flexible y adaptado a las necesidades reales de la población.
Entre las mejoras implantadas tras la gestión directa destaca la jornada laboral de 35 horas semanales, una reivindicación histórica de la plantilla que durante años fue una de las principales demandas de las trabajadoras del servicio.
El gobierno local sostiene que la fórmula de gestión pública directa es la más adecuada tanto desde el punto de vista económico como social, especialmente tratándose de un servicio tan sensible vinculado a la atención de personas vulnerables.
Se defiende que otros municipios del entorno ya observan con atención este modelo, citando casos como el de El Puerto, donde también se estudian fórmulas similares.
La resolución judicial llega además en un momento clave, casi un año después de que la oposición municipal cuestionara públicamente el proceso durante el debate sobre la prórroga de la encomienda a Hemsa, un asunto que PP y Vox utilizaron entonces para poner en duda la legalidad y la forma en la que se había ejecutado la municipalización.