El plan de indemnizaciones por los incendios forestales enciende la indignación en Cádiz
La Asociación Española de Consumidores califica de “vergonzosas” las indemnizaciones aprobadas por el Gobierno para los afectados por los incendios
La reciente aprobación en el Consejo de Ministros del Plan de Ayudas para los afectados por los incendios forestales ha generado un gran malestar entre damnificados y asociaciones de defensa del consumidor, sobre todo en Cádiz, en la zona de Tarifa, especialmente dañada por los mismos.
La Asociación Española de Consumidores (ASESCON) ha expresado públicamente su total rechazo a las indemnizaciones fijadas por el Ejecutivo, calificándolas de “vergonzosas” y “ridículas” en relación con la magnitud de los daños sufridos.
Según la organización, muchas de las personas perjudicadas han perdido por completo todo, sus viviendas, vehículos o negocios, e incluso han sufrido la muerte de familiares.
En este marco tan negativo, sostienen que las cantidades aprobadas resultan insuficientes y no reflejan la dimensión del drama humano y económico provocado por los incendios.
Indemnizaciones limitadas: 18.000 euros por fallecimiento
El decreto aprobado contempla ayudas de 18.000 euros en casos de fallecimiento o incapacidad total de la persona y de 15.120 euros por destrucción total de la vivienda habitual. Para ASESCON, estas cifras están muy alejadas del valor real que tienen los bienes destruidos y de la necesidad de recuperación inmediata de las familias.
“Son cantidades que en ningún caso permiten restituir lo perdido. Quien ha visto cómo el fuego arrasaba su hogar, su medio de vida y sus recuerdos personales no puede sentirse reparado con indemnizaciones tan bajas”, indican desde la organización.
La asociación ha recordado que estas ayudas llegan a personas que “lo han perdido todo” y que en muchos casos carecen de recursos para iniciar por sí mismos un proceso de reconstrucción.
En su momento, ASESCON solicitó al Gobierno que se declarara "Zona Catastrófica" en las áreas afectadas por los incendios forestales, con el fin de garantizar una cobertura amplia de daños materiales y personales.
El Ejecutivo ha aprobado finalmente que las ayudas se extiendan con carácter retroactivo desde el mes de junio y se apliquen en todas las comunidades autónomas, con la excepción del País Vasco.
Aunque la asociación considera positivo tanto el alcance temporal como territorial de la medida, se insiste en que el problema radica en las cuantías económicas. Al respecto apuntan que “no se trata de si la cobertura es extensa o limitada en el mapa, sino de si realmente responde a las necesidades reales de los afectados. Y claramente no lo hace”.
Otro de los puntos criticados es el anuncio de la eliminación de trabas burocráticas que se ponen en la tramitación de las ayudas. El Gobierno asegura que se acelerará el proceso para que las indemnizaciones lleguen con rapidez, pero la asociación recuerda que promesas similares se realizaron en catástrofes pasadas como lo fue el caso de la erupción del volcán de La Palma o la DANA del año pasado, y todavía existen afectados que no han cobrado lo estipulado.
“Resulta llamativo que se repitan los mismos compromisos una y otra vez, mientras los ciudadanos siguen esperando. Esta falta de eficacia mina la confianza de la población en las instituciones”, insisten desde ASESCON.
Ante la que consideran una falta de sensibilidad y empatía por parte del Gobierno central, la asociación hace un llamamiento a las comunidades autónomas para que complementen estas ayudas con recursos propios.
El objetivo sería garantizar que las familias puedan cubrir mínimamente las pérdidas ocasionadas por los incendios forestales y emprender la recuperación de sus hogares y negocios.
“Pedimos a los gobiernos autonómicos que den un paso adelante y actúen con mayor compromiso hacia los afectados. No podemos permitir que miles de personas se sientan abandonadas después de haberlo perdido todo”, finalizan.
Más allá de las declaraciones oficiales, muchos de los afectados han puesto de manifiesto su indignación y sentimiento de maltrato por parte de las instituciones. Para ellos, las ayudas no son más que un parche que no resuelve su grave situación y que refuerza la percepción de abandono en un momento de extrema vulnerabilidad.
La Asociación Española de Consumidores advierte de que continuará presionando para que se revisen las cuantías y se adopten medidas necesarias más acordes con la magnitud de la catástrofe.
Mientras tanto, las familias damnificadas encaran con incertidumbre el largo camino de lo que supone la reconstrucción.