El plus de playas de la Policía Local anulado por la Justicia reabre la polémica por los 221.000 euros y la gestión de Bruno García en Cádiz
El PSOE cuestiona el coste del dispositivo policial y suma al fallo judicial sus críticas por el mantenimiento de duchas, pasarelas y otros servicios
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La sentencia que ha anulado el sistema de pagos a la Policía Local por la vigilancia de las playas de Cádiz continúa teniendo consecuencias políticas. El portavoz municipal socialista, Óscar Torres, ha exigido explicaciones al Gobierno de Bruno García por el coste del dispositivo y ha aprovechado la resolución judicial para cuestionar la gestión de los servicios del litoral durante los últimos veranos.
El pronunciamiento judicial, conocido el pasado 27 de octubre, estimó íntegramente el recurso de Autonomía Obrera contra el acuerdo aprobado por el Pleno municipal en septiembre de 2024. El sistema contemplaba pagos de 317,65 euros por jornadas de nueve horas y 352,94 euros por servicios de diez horas, con una previsión económica de 221.399,26 euros para aquella temporada.
Torres sostiene que la resolución constituye "la enésima prueba de descontrol organizativo y de la nefasta gestión del equipo de gobierno que preside Bruno García". El portavoz recuerda que su grupo ya expresó su desacuerdo con el coste y el procedimiento durante la aprobación del acuerdo.
La principal crítica del PSOE se dirige a la fórmula elegida por el Ayuntamiento para remunerar a los agentes. "La realidad jurídica viene ahora a dar la razón a la central sindical que interpuso la demanda, en este caso Autonomía Obrera, demostrando que el procedimiento utilizado por el equipo de gobierno para retribuir este servicio no era el adecuado", ha señalado Torres.
El portavoz socialista habla de "un sistema erróneo que ha supuesto 221.000 euros para las arcas municipales, cuando debería haber sido considerablemente menor". Sin embargo, la cantidad de 221.399,26 euros figura como coste previsto para la temporada de 2024 en el acuerdo municipal, sin que ese dato permita establecer por sí solo cuánto se abonó finalmente ni cuál habría sido el coste de una alternativa legal.
La sentencia considera que el Ayuntamiento utilizó el complemento de productividad para pagar horas trabajadas fuera de la jornada ordinaria. El juez concluye que esos servicios deben recibir el tratamiento retributivo legal que corresponda a las horas extraordinarias, en lugar de abonarse bajo un concepto destinado a recompensar un especial rendimiento o iniciativa.
El fallo tampoco obliga a los agentes a devolver las cantidades ya percibidas y mantiene los actos individuales de asignación que hayan adquirido firmeza.
La oposición cuestiona la recuperación policial como bandera política
La vigilancia de las playas fue uno de los asuntos que enfrentaron al PP con el anterior Gobierno municipal de José María González. Tras llegar a la Alcaldía, Bruno García reivindicó la recuperación de la presencia de la Policía Local en el litoral, una decisión que el actual Ejecutivo continúa defendiendo.
En su respuesta a la sentencia, el Ayuntamiento aseguró que acataba la resolución y anunció que buscaría otra fórmula administrativa para mantener el servicio. También recordó que, según su versión, el anterior equipo de Gobierno había prescindido de la vigilancia policial en las playas durante 2020, 2021 y 2022.
Autonomía Obrera, promotora del recurso, ha reclamado responsabilidades políticas por la aprobación del sistema. Posteriormente, Adelante Izquierda Gaditana, formación vinculada al anterior Gobierno municipal, también exigió explicaciones sobre su coste y defendió que la vigilancia de las playas debe organizarse mediante una planificación ordinaria de los turnos.
El PSOE se suma ahora a las críticas. Torres sostiene que la recuperación de la Policía Local fue una de las primeras decisiones de Bruno García respecto al litoral y cuestiona que se presentara como respuesta a los problemas de las playas.
Del fallo judicial a las críticas por duchas, pasarelas y megafonía
El portavoz socialista ha ampliado sus reproches a otros aspectos de la gestión municipal. Considera que la sentencia es "la gota que colma el vaso" tras los veranos de gestión de Bruno García, durante los que, según denuncia, los servicios públicos de las playas no han alcanzado la calidad esperada.
"Bajo el mandato de Bruno García los gaditanos han sufrido año tras año la falta de mantenimiento de instalaciones fundamentales como lavapiés, duchas, pasarelas o el propio servicio de megafonía brillando por su ausencia prácticamente durante todo el verano", ha afirmado Torres.
El socialista vincula esas deficiencias denunciadas por su grupo con la anulación judicial del sistema de pagos a la Policía Local, aunque se trata de cuestiones distintas: la sentencia se pronuncia sobre el régimen retributivo de los agentes, no sobre el estado de las instalaciones de las playas.
"La realidad es que una de las primeras decisiones de Bruno García respecto a las playas de la ciudad fue el regreso de la policía local, como si eso supusiese la solución a todos los males que en ese momento tenían nuestras playas", ha señalado Torres.
"No solo no significó eso, sino que hemos podido comprobar como verano tras verano la situación se ha vuelto insoportable, siendo este pasado verano de 2026 el peor que se recuerda", ha concluido el portavoz socialista.