Exigen a Bruno García explicaciones por el dinero gastado en el plus de playas anulado por la Justicia
La concejala de Adelante, Lorena Garrón, recuerda que su formación rechazó los pagos de hasta 352,94 euros por jornada y reclama conocer el coste del dispositivo policial
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Adelante Izquierda Gaditana ha celebrado la sentencia que anula el sistema de productividad aprobado por el Gobierno de Bruno García para pagar los servicios de vigilancia de la Policía Local en las playas de Cádiz.
Su portavoz, Lorena Garrón, ha reclamado explicaciones al alcalde sobre el dinero público destinado a este dispositivo y ha recordado que su formación ya cuestionó las cantidades aprobadas durante el Pleno de septiembre de 2024.
La reacción tiene también un trasfondo político. Garrón formó parte del anterior Gobierno municipal de José María González, al que el PP responsabilizó de la ausencia de vigilancia policial en las playas durante varios veranos.
El actual equipo de Gobierno ha recuperado precisamente ese argumento en su respuesta a la sentencia, al reivindicar que devolvió la Policía Local al litoral después de que el anterior Ejecutivo prescindiera del servicio en 2020, 2021 y 2022.
"Lo dijimos en el Pleno de septiembre de 2024 y lo volvemos a decir ahora: esa medida era una barbaridad", ha señalado Garrón, que recuerda que el PP utilizó su mayoría absoluta para aprobar un sistema que contemplaba pagos de entre 317,65 y 352,94 euros por jornada.
Adelante recuerda que ya cuestionó los pagos en 2024
La portavoz ha recuperado las palabras pronunciadas entonces por su compañero Carlos Paradas, quien criticó el importe de las retribuciones y puso en duda que la vigilancia de las playas justificara ese tratamiento económico.
"Hablamos de 350 euros que se va a dar a la Policía Local al margen de su sueldo, una barbaridad, por estar en la playa", manifestó Paradas durante aquel debate plenario, según recuerda ahora Adelante. El concejal defendió entonces que su oposición a la medida no iba dirigida contra los agentes: "No estamos en contra de los trabajadores, estamos en contra de los privilegios".
La sentencia, dictada tras el recurso presentado por Autonomía Obrera, estima íntegramente la demanda y anula el acuerdo municipal de septiembre de 2024. El juez considera que el complemento de productividad se utilizó para remunerar servicios realizados fuera de la jornada ordinaria, que debían recibir el tratamiento legal correspondiente a los servicios extraordinarios.
La resolución no cuestiona la necesidad de vigilancia policial en las playas, sino la fórmula elegida por el Ayuntamiento para pagarla.
Un conflicto que viene del anterior mandato
La presencia de la Policía Local en las playas fue uno de los asuntos de confrontación política durante el anterior mandato municipal. El PP criticó la ausencia de este dispositivo y, tras llegar al Gobierno, convirtió su recuperación en una de sus decisiones en materia de seguridad.
Aquellos años estuvieron marcados también por una fuerte conflictividad entre sectores de la Policía Local y el Gobierno de José María González, del que formaba parte Garrón. Las movilizaciones policiales llegaron a provocar situaciones de especial tensión en el Ayuntamiento.
Uno de los episodios más graves se produjo en junio de 2021, cuando, durante una protesta de sindicatos policiales ante el Consistorio mientras se celebraba un Pleno, se lanzaron botes de humo. Uno de ellos entró en el edificio, lo que obligó a interrumpir la sesión. Dos concejalas tuvieron que recibir asistencia sanitaria por inhalación de humo, entre ellas la propia Lorena Garrón.
Ese enfrentamiento político vuelve ahora a la actualidad con una sentencia que anula el mecanismo retributivo impulsado por el PP para recuperar el servicio. El Gobierno de Bruno García ha anunciado que acata el fallo y que buscará otra fórmula administrativa para mantener la vigilancia policial en el litoral.
Garrón reclama responsabilidades por el coste del dispositivo
Adelante considera insuficiente esa respuesta municipal. "La sentencia deja claro que no se puede seguir actuando como si la vigilancia de las playas fuera un servicio excepcional que justifica estos pagos. Las playas forman parte de la ciudad y su vigilancia debe organizarse como cualquier otro servicio municipal, con una planificación adecuada de los turnos y de los recursos disponibles", ha defendido Garrón.
La formación sostiene que existen efectivos suficientes para garantizar el servicio mediante una organización diferente de los turnos, sin necesidad de recurrir al sistema de retribuciones anulado.
La portavoz ha puesto además el foco en el dinero público destinado al dispositivo. "¿Quién va a responder por el dinero de las arcas municipales que se ha gastado con este sistema? ¿Lo van a poner Bruno García y Juancho Ortiz de su bolsillo, quienes votaron a favor en el Pleno o el propio Partido Popular?", ha preguntado.
Garrón también reclama explicaciones a Mayte González por la aprobación de la medida. "Bruno García, Juancho Ortiz y Mayte González tienen que explicar por qué se empeñaron en implantar un sistema que privilegiaba económicamente a unos funcionarios frente a otros para cubrir un servicio ordinario", ha afirmado.
La sentencia establece, no obstante, que la anulación del acuerdo no afecta a las cantidades ya percibidas por los agentes ni a los actos individuales de asignación que hayan adquirido firmeza. Por tanto, el fallo no obliga a los policías a devolver lo cobrado.
"La responsabilidad no puede desaparecer con una declaración de acatamiento. Quienes aprobaron esta medida deben explicar por qué se tomó, cuánto ha costado y qué van a hacer para que el perjuicio no recaiga, una vez más, sobre el conjunto de la ciudadanía", ha concluido Garrón.