Lorena Garrón, concejala de Adelante Izquierda Gaditana, habla ante los medios durante una rueda de prensa en Cádiz. Imagen de archivo utilizada en la información sobre la denuncia por los fallos en el programa de detección de cáncer de mama.
La concejala Lorena Garrón, de Adelante Izquierda Gaditana, en una rueda de prensa en Cádiz. Foto: Eulogio García.

Exigen dimisiones tras el “escándalo” del cáncer de mama: acusan al PP de una “catástrofe sanitaria” en Andalucía

Adelante Izquierda Gaditana llevará al Pleno del Ayuntamiento de Cadiz una moción para pedir la dimisión de la cúpula sanitaria si la Junta no actúa

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La coalición Adelante Izquierda Gaditana (AIG) ha puesto voz a la indignación ciudadana que crece en Andalucía tras revelarse los graves fallos en el programa de cribado de cáncer de mama del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Más de medio centenar de mujeres recibieron su diagnóstico con hasta dos años de retraso, un error que podría haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte. El caso, ya en el radar de la Fiscalía Superior de Andalucía, ha provocado una ola de exigencias políticas y sociales que salpican directamente al Gobierno de Juanma Moreno.

La edil Lorena Garrón, portavoz de AIG, anunció que su grupo llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Cádiz una moción para exigir la dimisión inmediata de la actual consejera de Salud, Rocío Hernández; de su antecesora, Catalina García —actual titular de Medio Ambiente—; de la viceconsejera María Luisa del Moral y de la gerente del SAS, Valle García.

“Esto no es un error, es una estrategia planificada para desmantelar la sanidad pública, caiga quien caiga”, denunció Garrón. La concejala considera que el Partido Popular ha traspasado todas las líneas rojas con su gestión sanitaria. “La Junta reconoció que hubo fallos de comunicación, pero esas palabras no sirven cuando hay mujeres muertas y familias rotas. Si el propio Gobierno andaluz asume errores, ¿por qué nadie dimite?”, lamentó.

Un escándalo que crece día a día

La crisis estalló el 1 de octubre, cuando varias asociaciones de pacientes denunciaron públicamente los retrasos de hasta dos años en la comunicación de resultados del programa de detección precoz del cáncer de mama. Lo que comenzó como un goteo de casos aislados se ha convertido en un problema estructural que afecta a más de cincuenta mujeres en distintas provincias andaluzas.

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, calificó lo ocurrido como un “escándalo de dimensiones incalculables” y exigió también la dimisión de Catalina García, acusando a la Junta de actuar con opacidad e insensibilidad. “El SAS no tiene ni idea de la dimensión de la crisis que tiene encima”, afirmó el dirigente socialista, reclamando una revisión urgente de todos los cribados realizados desde 2022 y proponiendo incluso retroceder cinco años atrás para garantizar que no haya más afectadas.

La Fiscalía investiga mientras crece la desconfianza

El Defensor del Paciente solicitó el 6 de octubre la apertura de una investigación de oficio ante la Fiscalía Superior de Andalucía, denunciando una posible dejación de funciones por parte del SAS que habría puesto en grave riesgo la salud de miles de mujeres. Los errores detectados habrían provocado retrasos de hasta un año en segundas pruebas a mujeres con resultados dudosos en sus mamografías, aumentando el riesgo de tumores avanzados o pérdida del pecho.

Ante la presión pública, el presidente Juanma Moreno pidió disculpas y reconoció un “error de comunicación interna”, asegurando que el SAS trabaja a contrarreloj para revisar los protocolos y contactar con las afectadas. Sin embargo, sus palabras no han frenado la indignación: “No basta con pedir perdón cuando hay vidas en juego”, respondió AIG en un comunicado.

“Las mujeres ya no confían en el SAS”

La denuncia no solo se centra en la gestión política, sino también en el daño emocional y social causado. “Hay mujeres que se enteraron dos años después de que su mamografía no era concluyente. Eso es devastador”, subrayan desde AIG. Asociaciones de pacientes insisten en que el retraso ha generado un clima de miedo y desconfianza: “Las mujeres ya no se fían del SAS”.

AIG y el Grupo Socialista piden que la Fiscalía y el Defensor del Pueblo actúen con rapidez para esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades. “Queremos justicia, pero también garantías de que esto no volverá a pasar”, remarcó Ruiz Boix. Mientras tanto, colectivos de pacientes han instado a todas las mujeres afectadas a denunciar públicamente su situación: “El silencio no es una opción cuando está en juego la vida”.