Exigen la municipalización del servicio tras la denuncia sindical contra Óbolo en Cádiz
Adelante Izquierda Gaditana acusa a Bruno García de adjudicar la ayuda a domicilio a una “empresa pirata” y reclama recuperar la gestión pública
La municipalización del servicio de Ayuda a Domicilio en Cádiz se ha convertido en la principal exigencia tras la denuncia sindical contra la empresa Óbolo. La oposición reclama que el Ayuntamiento recupere la gestión pública como “única solución definitiva” y acusa al alcalde Bruno García de haber entregado un servicio esencial a una “empresa pirata”.
Las críticas estallan después de que el Comité de Empresa denunciara el 5 de septiembre que la concesionaria, que asumió el servicio en agosto, había pagado sueldos de apenas céntimos, reinterpretado acuerdos firmados en el Sercla y tratado de apropiarse de las mejoras pactadas con el consistorio.
Según el comité, las primeras nóminas cobradas bajo la gestión de Óbolo no superaban en muchos casos los 20 céntimos por un mes completo de trabajo. Denuncian además que la empresa intentó apropiarse de fondos destinados a mejoras laborales y que ejerce presión sobre la representación sindical, precarizando todavía más un colectivo ya castigado durante años. El comunicado también advertía de que el Ayuntamiento no podía desentenderse, puesto que es la administración responsable del servicio y firmante de los acuerdos que ahora se vulneran.
Adelante recogió esa denuncia para trasladarla directamente al Pleno. Su concejal Carlos Paradas recordó que ya en mayo su grupo había alertado de que Óbolo acumulaba antecedentes de irregularidades en otras ciudades, pero que el alcalde Bruno García decidió seguir adelante con la adjudicación y hasta presumió de ella como si se tratase de una medida social.
La formación considera que ahora el regidor ha sido “estafado” por la concesionaria, pero subraya que sigue siendo el principal responsable político de lo que está ocurriendo porque adjudicó un servicio básico a una compañía con un historial negativo.
Desde la oposición también remarcan que el Ayuntamiento no puede escudarse en que se trata de un servicio externalizado. Insisten en que el gobierno local es el máximo responsable de la ayuda a domicilio y que debe intervenir con rapidez para obligar a Óbolo a cumplir el contrato, pagar salarios completos y respetar todos los derechos laborales reconocidos. Además, apuntan a la necesidad de abrir un debate serio sobre el modelo de gestión y el uso de recursos públicos destinados a cuidados.
La propuesta política de fondo es clara: recuperar la gestión pública mediante la municipalización. Para Adelante, esta es la única vía que garantiza estabilidad laboral y un servicio de calidad. Argumentan que el modelo de externalización ha demostrado fallos estructurales porque genera beneficios privados a costa de derechos colectivos.
Por ello, consideran que el Ayuntamiento debe marcar una hoja de ruta inmediata para municipalizar la ayuda a domicilio, asegurando así que las trabajadoras perciban salarios dignos y que los usuarios reciban una atención adecuada.
El comité de empresa, por su parte, reclama medidas urgentes que no pueden esperar al debate político. Exigen el pago íntegro y puntual de los salarios, el respeto del convenio y la aplicación real de las mejoras acordadas en el Sercla. Subrayan que no se puede sostener un servicio tan sensible con trabajadoras sometidas a sueldos indignos y presiones constantes, porque eso repercute directamente en la atención a personas mayores y dependientes que necesitan cuidados diarios.
La ayuda a domicilio atiende en Cádiz a más de un millar de usuarios y cualquier inestabilidad impacta en tareas esenciales como el aseo, la alimentación o el acompañamiento. Por eso, tanto la denuncia sindical como la ofensiva política de la oposición han convertido este conflicto en una prioridad municipal. Lo que comenzó como un problema laboral se ha convertido en un debate sobre la gestión de los servicios públicos y el papel del Ayuntamiento en la protección de derechos básicos.
Con la moción anunciada para septiembre, el caso de Óbolo llegará al Salón de Plenos. La oposición exigirá que el Ayuntamiento obligue a la concesionaria a cumplir y que dé pasos hacia la municipalización del servicio. Mientras tanto, el comité mantiene la presión y advierte que habrá movilizaciones si no se producen cambios tangibles. La batalla, por tanto, no se limita a los despachos: se juega también en las calles y en la capacidad de las trabajadoras de visibilizar su situación.