Juan Antonio y Marisol seguirán en su casa: la movilización vecinal frena el desahucio de BBVA y el fondo Divarian
La presión vecinal consigue paralizar el lanzamiento previsto para este miércoles y da un respiro a la pareja gaditana, que vive de una pensión de invalidez
El desahucio estaba señalado para la mañana de este miércoles 26 de noviembre y amenazaba con poner fin a más de dos décadas de vida en la misma casa. Frente a esa orden, el Sindicato de Inquilinas de Cádiz había llamado a concentrarse ante la vivienda para intentar impedir el lanzamiento.
Según el colectivo, la presencia de vecinas, activistas y organizaciones sociales ha sido clave para que finalmente el desalojo no se haya ejecutado y el procedimiento quede paralizado.
Para el Sindicato, lo ocurrido demuestra que la movilización sigue siendo una herramienta imprescindible frente a los fondos de inversión y las entidades financieras. El mensaje es claro: sin presión social, la historia de Juan Antonio y Marisol habría terminado hoy con una pareja vulnerable en la calle y una vivienda más entregada a la lógica especulativa.
Juan Antonio y Marisol han vivido más de veinte años en la misma vivienda, situada en la calle Matrona Modesta Calvo de Cádiz. La casa perteneció primero a los abuelos y posteriormente a una tía de Juan.
No fue hasta la herencia cuando llegó la hipoteca: Juan pidió un préstamo para poder pagar a sus hermanos la parte que les correspondía y afrontar una reforma en una vivienda antigua y deteriorada.
Desde 2008, asegura haber amortizado más de 50.000 euros de hipoteca. Su situación cambió por completo tras un accidente laboral en la construcción. Juan Antonio, que trabajaba como oficial de primera, carga hoy con una EPOC, tres hernias discales, fibromialgia, ansiedad y depresión.
Su principal ingreso es una pensión de invalidez que apenas permite cubrir los gastos básicos. Marisol también arrastra problemas de salud, recogidos en informes que la pareja ha remitido a servicios sociales para acreditar su vulnerabilidad.
La vivienda terminó en manos de Divarian, un fondo inmobiliario participado por BBVA, especializado en la compra de paquetes de viviendas procedentes de procesos judiciales y préstamos impagados. Según la pareja, llevan años recibiendo presiones y propuestas que consideran indignas. La última: 3.000 euros y una mudanza a cambio de abandonar el hogar de toda su vida.
“O bien búscate un alquiler que puedas pagar… y si lo encuentras, porque todo es de temporada”, lamentaba Juan Antonio en la rueda de prensa que ofrecieron junto al Sindicato. La realidad, explicaban entonces, es que con su pensión no pueden asumir un alquiler en el mercado actual y que en Cádiz buena parte de la oferta se destina al alquiler de temporada o vacacional.
Un desahucio comunicado por WhatsApp
La orden de desahucio les llegó, según relataron, por WhatsApp a través de su anterior abogado de oficio. Juan Antonio denunció entonces que no había recibido la notificación formal del juzgado con sello y que, además, se habían dejado pasar los días de plazo para presentar recurso. La pareja presentó una queja ante el Colegio de Abogados y solicitó un nuevo letrado.
“He tenido que aprender derecho a la fuerza”, explicaba Juan. Aseguraba haber redactado él mismo muchos de los escritos que ha presentado, buscando información por su cuenta y apoyándose en cualquier herramienta a su alcance. Mientras tanto, las alternativas ofrecidas desde las instituciones se limitaban a teléfonos de agencias inmobiliarias y corredores, sin una propuesta real de vivienda asequible.
El Sindicato de Inquilinas de Cádiz lleva semanas acompañando a la pareja, asesorándoles jurídicamente y organizando la respuesta colectiva. Ya en noviembre convocaron una rueda de prensa para denunciar el caso como un ejemplo más de fondo buitre intentando expulsar a una familia trabajadora de su casa. Aquella comparecencia fue el punto de partida para una campaña de apoyo que hoy demuestra su fuerza.
El Sindicato insiste en que Juan Antonio y Marisol no piden quedarse gratis en la vivienda, sino poder pagar un alquiler acorde a sus ingresos. Su reivindicación es clara: que BBVA y Divarian acepten una solución que garantice estabilidad y arraigo, en lugar de forzar un desahucio que les empujaría a la exclusión residencial.
Lo que cambia después de frenar el desahucio
La paralización del lanzamiento no significa que el conflicto haya terminado, pero sí supone un respiro para la pareja. El Sindicato de Inquilinas reclama ahora que se abra un proceso real de negociación que tenga en cuenta la situación de salud de Juan Antonio, los años de arraigo en la vivienda y la imposibilidad de acceder a un alquiler convencional en la ciudad con sus ingresos actuales.
La organización subraya que casos como el de Juan Antonio y Marisol no son aislados, sino parte de una dinámica en la que fondos de inversión y entidades financieras gestionan miles de viviendas con criterios puramente especulativos.
Frente a ello, reivindican la necesidad de ampliar el parque público, limitar la actuación de los grandes tenedores y garantizar que ningún desahucio de familias vulnerables se ejecute sin alternativa habitacional.