La alimentación de los gatos del cementerio abre un segundo frente judicial al Ayuntamiento de Cádiz
Barrio Felino reclama 384,02 euros por la compra de comida para la colonia después de que el Consistorio rechazara tramitar su petición de reintegro
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Barrio Felino ha presentado una segunda demanda contencioso-administrativa contra el Ayuntamiento de Cádiz por la gestión de los gatos del cementerio de San José. Reclama 384,02 euros que, según sostiene, tuvo que gastar en alimentación tras comunicar al Consistorio que el sostenimiento económico de la colonia había quedado comprometido.
La nueva acción impugna el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 2 de octubre de 2026, que inadmitió su reclamación de responsabilidad patrimonial. Es un procedimiento distinto del iniciado por el traslado de los animales a Zona Franca, cuyo juicio sigue pendiente, según la asociación.
El conflicto económico corresponde a enero, antes de la reubicación. La entidad afirma que compró catorce sacos de alimento para atender durante aproximadamente un mes a alrededor de cien gatos.
Según relata Barrio Felino, en diciembre de 2025 falleció el voluntario que sufragaba principalmente la alimentación de los animales. El resto de cuidadores carecía de recursos suficientes para asumir ese gasto, sostiene la asociación.
La entidad afirma que comunicó esta situación al Ayuntamiento mediante un escrito registrado el 14 de diciembre. Según su versión, no obtuvo una respuesta que garantizara la continuidad de la alimentación antes de presentar la reclamación.
El 15 de enero de 2026 adquirió los catorce sacos por 384,02 euros, importe que reclama judicialmente. Su demanda precisa que una cantidad ligeramente superior consignada en la reclamación administrativa obedecía a un error y limita la petición al gasto facturado.
Barrio Felino presentó la reclamación municipal el 20 de enero. Defiende que aquella compra respondió a una necesidad comunicada previamente, sin haber asumido la obligación de financiar indefinidamente la comida de la colonia.
El Ayuntamiento negó que existiera un servicio municipal de alimentación
Según recoge la demanda, el Ayuntamiento inadmitió la reclamación al considerar que no existía un servicio municipal de alimentación de colonias felinas. El acuerdo atribuyó esa responsabilidad a asociaciones y particulares voluntarios con carné de alimentador.
Barrio Felino cuestiona tanto esa interpretación como la decisión de cerrar la vía administrativa sin investigar las circunstancias del gasto. Sostiene que disponer de autorización para alimentar no equivale a asumir con recursos propios todas las necesidades económicas de los animales.
La asociación invoca la Ley 7/2023 para defender la responsabilidad municipal. Su artículo 39 atribuye a las entidades locales la gestión de los gatos comunitarios, con las salvedades competenciales previstas, y contempla la colaboración ciudadana.
La demanda matiza que no cualquier compra privada de alimento genera automáticamente un derecho al reembolso. Lo que reclama es que se examine si este gasto concreto fue necesario y consecuencia de una respuesta municipal insuficiente.
Pide el reintegro o que se tramite la reclamación
Como petición principal, Barrio Felino solicita anular la inadmisión y condenar al Ayuntamiento a abonar los 384,02 euros, con la actualización e intereses que procedan. Subsidiariamente, pide que el expediente vuelva al momento anterior a su inadmisión para investigar los hechos y resolver sobre el fondo.
La asociación propone recabar las comunicaciones previas, las autorizaciones de los cuidadores y las medidas municipales adoptadas para garantizar la alimentación. También solicita comprobar la compra, el pago y el destino efectivo del alimento.
Esta segunda demanda se conoce después de que Barrio Felino y Plataforma Sin Miedo denunciaran cinco muertes entre los gatos trasladados a Zona Franca. Según esos colectivos, tres fallecieron por enfermedades que relacionan con el estrés y la atención veterinaria tardía, y dos por atropello.
La nueva reclamación económica no solicita indemnizaciones por esas muertes ni impugna el traslado. Su petición principal queda limitada a los 384,02 euros correspondientes a la compra de alimento del 15 de enero.