La Apdha alerta de 27 desahucios en la provincia de Cádiz en el primer trimestre
La asociación exige medidas urgentes de vivienda pública y y acusa a la Junta de incumplir el decreto que protege a las familias vulnerables
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha alertado del aumento de los desahucios en la provincia de Cádiz y ha acusado a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Cádiz de incumplir sus obligaciones en materia de vivienda pública.
Según los datos de la organización, solo en el primer trimestre de 2025 se registraron 27 desahucios en la provincia, la mayoría por impagos de alquiler.
En un comunicado difundido esta semana, la Apdha denuncia que los casos de lanzamientos se multiplican mientras las administraciones “mantienen vacías un buen número de viviendas” y “abandonan la rehabilitación del parque público”.
El colectivo señala que tanto la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) como la empresa municipal Procasa tienen inmuebles sin uso debido a la falta de inversión en su mantenimiento.
La Apdha reprocha a la Junta de Andalucía su “pasividad” y acusa al Gobierno autonómico de incumplir el Real Decreto-Ley 1/2025, que suspende los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. La organización sostiene que la administración andaluza no está aplicando las medidas de protección establecidas por ley ni ofreciendo soluciones habitacionales a las familias afectadas.
El colectivo también cuestiona al Ayuntamiento de Cádiz, al que responsabiliza de no haber impulsado la rehabilitación de viviendas de titularidad pública. “Ambas administraciones han abandonado las políticas de vivienda social y han permitido que el problema se agrave hasta límites insostenibles”, afirma la asociación.
El caso de Laura, símbolo de un problema estructural
La Apdha cita como ejemplo su reciente denuncia del caso de Laura, una madre trabajadora con un bebé y dos hijos más, que se enfrenta un desahucio ordenado por la Junta de Andalucía pese a cumplir los requisitos de vulnerabilidad previstos en el decreto.
La organización considera que el procedimiento “no solo es injusto, sino contrario a la normativa vigente”, y exige que el lanzamiento, previsto para el lunes, sea suspendido de inmediato.
El colectivo recuerda que el proceso se está tramitando por vía penal, lo que podría dejar antecedentes judiciales a una familia cuya única intención, según la Apdha, ha sido garantizar un techo para sus hijos. “No se puede criminalizar la pobreza”, subraya la entidad.
Una situación que se repite
La Apdha advierte de que el caso de Laura no es un hecho aislado y que cada semana se repiten situaciones similares en distintos municipios de la provincia. “Cada desahucio no es solo un conflicto jurídico, sino una historia de precariedad y de abandono institucional”, sostiene el comunicado.
La organización considera “inaceptable” que existan viviendas públicas vacías mientras decenas de familias permanecen en listas de espera. “No faltan casas, faltan políticas”, concluye la nota.
Ante esta situación, la Apdha exige a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Cádiz la elaboración urgente de un plan de emergencia habitacional que frene los desahucios y garantice alternativas habitacionales reales para las familias sin recursos. “No pedimos favores, pedimos el cumplimiento de la ley y el respeto a la dignidad humana”, añade la organización.