La Apdha denuncia el colapso sanitario y las vulneraciones en las cárceles de la provincia de Cádiz
La entidad denuncia graves carencias en Botafuegos y en los tres centros penitenciarios de El Puerto
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha vuelto a alzar la voz ante una realidad que considera “insostenible” dentro de las prisiones de la provincia de Cádiz.
Los centros penitenciarios de Botafuegos (Algeciras) y los tres complejos de El Puerto de Santa María son, según la organización, el reflejo de un sistema colapsado donde la falta de atención médica, la desatención en salud mental y las condiciones insalubres vulneran derechos básicos reconocidos por ley.
A lo largo de 2025, el Grupo de Cárceles de APDHA Cádiz ha realizado 21 visitas presenciales y ha atendido a 47 personas presas y familiares, recabando información directa sobre un deterioro generalizado en la vida penitenciaria.
La entidad recuerda que el encarcelamiento “supone la pérdida de la libertad, pero no de los derechos fundamentales”, y denuncia que la administración “no garantiza ni siquiera una atención sanitaria digna”.
Botafuegos y El Puerto: entre el aislamiento y la desatención médica
El informe de APDHA destaca la situación especialmente grave del centro penitenciario de Botafuegos, donde se ha documentado la presencia de plagas de chinches y deficiencias en los protocolos de desinfección, lo que llevó a la organización a elevar una queja formal al Defensor del Pueblo.
Además de las condiciones materiales, la entidad pone el foco en la crisis de salud mental que atraviesan las cárceles gaditanas. Los equipos médicos, afirman, están “desbordados”, y las personas con patologías psiquiátricas graves son frecuentemente aisladas en celdas de castigo por falta de recursos adecuados.
El aislamiento prolongado, recuerda Apdha, “puede constituir trato inhumano o degradante”. En palabras de su delegación provincial, “se utiliza el aislamiento como sustituto de atención terapéutica, lo que agrava el sufrimiento psicológico y vulnera el principio constitucional de reinserción social”.
Aunque el informe no ofrece cifras desglosadas por provincia, 212 personas fallecieron en prisión en España durante 2023, según datos del Defensor del Pueblo. Cádiz se sitúa entre las provincias con mayor número de muertes por sobredosis, según análisis de organizaciones penitenciarias.
La Apdha Cádiz subraya que muchas de estas muertes podrían haberse evitado con una atención médica constante, protocolos de emergencia más ágiles y un seguimiento adecuado de la salud mental. “Las muertes en prisión no son hechos aislados, son síntomas de un sistema que no funciona”, sostiene la entidad.
Además, señalan que las prisiones de la provincia sufren un deterioro estructural que afecta directamente a los derechos humanos de la población reclusa: falta de personal sanitario, colapso en las consultas médicas, sanciones disciplinarias desproporcionadas y falta de recursos para la reinserción.
La Apdha recuerda que la Constitución española establece la reinserción social como finalidad última de las penas privativas de libertad, pero denuncia que en la práctica “la provincia de Cádiz se ha convertido en un territorio donde las cárceles son espacios de castigo, no de rehabilitación”.
El colectivo insiste en que es necesario humanizar las prisiones gaditanas, garantizar la dignidad de las personas presas y reforzar los mecanismos de control sobre las administraciones penitenciarias.
Como parte de su trabajo anual, la organización convoca un acto público el 2 de diciembre en El Puerto, bajo el título Humanizar la pena: un diálogo sobre salud mental y garantías en el ámbito penitenciario.
En él participarán José Chamizo de la Rubia, ex Defensor del Pueblo Andaluz, y Antonio Vergara de Campos, representante de Mareas Blancas Cádiz, con el objetivo de abrir un debate sobre la salud y los derechos humanos en prisión.