La Guardia Civil interviene 622 kilos de atún rojo sin documentación en un control de carretera en Barbate
Cuatro ejemplares eran transportados en un turismo sin condiciones de conservación, sin trazabilidad y sin acreditar su procedencia legal, por lo que fueron destruidos y se tramitaron varias denuncias administrativas
Un control preventivo de la Guardia Civil en Barbate permitió interceptar un cargamento de 622 kilos de atún rojo que era transportado de manera irregular en un turismo.
Los agentes localizaron cuatro ejemplares de gran tamaño que se encontraban ocultos bajo una lona y comprobaron que carecían de la documentación obligatoria a fin de poder acreditar su origen.
Más allá de no disponer de ningún sistema de trazabilidad ni de las condiciones sanitarias exigidas para este tipo de productos perecederos.
La mercancía fue convenientemente retirada y trasladada a una empresa autorizada de cara a su destrucción, entre tanto los responsables fueron denunciados por presuntas infracciones administrativas relacionadas con la normativa pesquera andaluza.
Barbate: un control rutinario permitió descubrir el cargamento
La actuación se produjo el pasado 30 de junio durante un dispositivo especial de control de personas y vehículos desarrollado en carreteras del entorno de Barbate. En el operativo participaron agentes de Seguridad Ciudadana del puesto de la Guardia Civil de Barbate, en coordinación con patrullas de la Comandancia de Algeciras.
Durante la inspección de uno de los vehículos, los guardias civiles localizaron cuatro atunes rojos de grandes dimensiones ocultos bajo una lona en el interior del turismo.
La primera inspección permitió comprobar que el automóvil no estaba acondicionado para el transporte de alimentos perecederos, una circunstancia que comprometía tanto la correcta conservación del pescado como las garantías exigidas para proteger la salud pública.
Ante estas circunstancias, los agentes solicitaron la intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), especializado en el control de este tipo de infracciones relacionadas con el medio ambiente, la pesca y la seguridad alimentaria.
Sin trazabilidad ni acreditación de origen
La inspección realizada por el SEPRONA confirmó que los cuatro ejemplares carecían de cualquier documentación que permitiera acreditar su procedencia legal.
Tampoco disponían del etiquetado obligatorio ni de los sistemas de trazabilidad exigidos para la comercialización de productos pesqueros.
La ausencia de estos requisitos impide verificar el origen de las capturas y garantiza que el producto haya sido obtenido y distribuido conforme a la normativa vigente.
Según la información facilitada por la Guardia Civil, los cuatro atunes habían sido capturados de forma ilícita y estaban siendo transportados de manera irregular.
Tras completar las comprobaciones, los agentes procedieron a intervenir la mercancía. El peso conjunto de las piezas alcanzó los 622 kilogramos, una cantidad considerable tratándose de una especie sometida a un estricto sistema de control debido a su elevado valor comercial y a las medidas de conservación que regulan su explotación.
La mercancía fue destruida y se abrieron expedientes sancionadores
Una vez intervenidos, los cuatro atunes fueron trasladados a una empresa autorizada para su destrucción, al no reunir las condiciones legales ni sanitarias necesarias para su comercialización o consumo.
La Guardia Civil formuló además las correspondientes denuncias administrativas por posibles infracciones de la Ley 1/2002, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, así como del Decreto 145/2018, que regula la comercialización en origen de los productos pesqueros en Andalucía.
La normativa autonómica establece la obligación de garantizar la trazabilidad de las capturas desde su origen hasta su venta, un sistema diseñado para combatir la pesca ilegal, proteger los recursos marinos y ofrecer garantías a consumidores y operadores del sector.
Este tipo de controles forman parte de los dispositivos habituales desarrollados por la Guardia Civil para detectar el transporte irregular de productos pesqueros, prevenir la entrada de capturas fuera del circuito legal y verificar que tanto la conservación como la documentación cumplen los requisitos establecidos por la legislación vigente.