La Junta insiste en que no puede saltarse la lista de demandantes de vivienda en el caso de Laura
La Junta de Andalucía sostiene que no puede ofrecer una alternativa habitacional inmediata a Laura, la vecina de Cádiz que debía entregar hoy su vivienda pública tras una sentencia de desahucio.
Fuentes de la administración autonómica aseguran que el procedimiento “se ajusta a la legalidad” y que cualquier adjudicación de vivienda debe respetar el orden de la lista de demandantes gestionada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).
“Ella ha ocupado una vivienda que no le correspondía y hay una sentencia que es muy clara”, señalan las fuentes consultadas por Cádiz Directo. “Además, se ha saltado la lista de las personas que están más necesitadas de esa vivienda por circunstancias objetivas. Por lo visto, está en torno al número ciento y algo en el registro, y evidentemente hay mucha gente por delante antes de que pueda recibir una vivienda”, añaden.
Desde la Junta insisten en que no pueden “vulnerar el orden establecido”, al tratarse de un procedimiento regulado por criterios de antigüedad, ingresos y situación familiar. “No podemos saltarnos la lista, porque eso rompería el principio de igualdad con el resto de solicitantes”, subrayan.
La administración recuerda que los casos de ocupación de viviendas públicas se tramitan de manera independiente a los expedientes de adjudicación, incluso cuando se trata de familias vulnerables.
Preguntadas por la posibilidad de una solución temporal o alternativa, las mismas fuentes señalan que esa competencia “corresponde al Ayuntamiento de Cádiz, que es quien puede habilitar ayudas de emergencia o viviendas de tránsito mientras se tramitan los procesos de adjudicación ordinarios”.
No obstante, no precisan si la Junta ha valorado alguna medida de mediación o paralización temporal del lanzamiento.
El caso de Laura
Laura, madre de tres hijos —uno de ellos un bebé de dos meses—, debía entregar este lunes su vivienda, un piso de titularidad autonómica situado en Cádiz, tras agotar los plazos judiciales. La familia lleva un año y medio viviendo en el inmueble, que se encontraba vacío y deteriorado cuando entraron a ocuparlo en abril de 2024.
Según relató a Cádiz Directo, lo rehabilitaron con ayuda de familiares y amigos para poder darle un hogar a los menores.
Durante el juicio, la administración explicó que la vivienda estaba adjudicada a otra familia, con un hombre con movilidad reducida y un menor con esquizofrenia, aunque el piso, ubicado en un ático, no dispone de acceso adaptado ni de baño accesible.
“Tiene una terraza con un escalón de más de treinta centímetros y una bañera donde no cabe una silla de ruedas”, señaló Laura en conversación con este medio.
La afectada asegura que no se niega a entregar la vivienda, pero reclama una alternativa habitacional antes del desalojo. “Yo esta casa se la doy a la Junta, se la devuelvo incluso con los arreglos que hemos hecho, pero necesito otra donde mis hijos puedan vivir”, afirmó.
Su certificado de vulnerabilidad, emitido por los servicios sociales, no ha sido suficiente para frenar el procedimiento judicial, que se tramita por la vía penal.
La Junta de Andalucía sostiene que su margen de actuación es limitado y que debe garantizar “la igualdad de oportunidades entre todos los solicitantes”. Mientras tanto, Laura continúa en la vivienda a la espera de una resolución que evite que sus hijos queden sin hogar.
El Ayuntamiento de Cádiz, por su parte, ha ofrecido una ayuda al alquiler y acompañamiento social, aunque reconoce que no tiene competencias directas sobre el parque de viviendas de la Junta. Este mes está prevista una actualización del registro municipal de demandantes, en el que Laura figura desde 2019 con una posición cercana al número trescientos.