La Justicia anula el plus de playas de la Policía Local de Cádiz y cuestiona la fórmula de pago del Gobierno local
Una sentencia da la razón a Autonomía Obrera y supone un revés para el Gobierno de Bruno García por un sistema retributivo que preveía más de 221.000 euros en 2024
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Un nuevo revés judicial para el Ayuntamiento de Cádiz, esta vez por el sistema de retribuciones de la Policía Local durante la temporada de playas, que la Justicia, en primera instancia, ha tumbado.
El Tribunal de Instancia de Cádiz ha estimado íntegramente el recurso presentado por Autonomía Obrera y ha anulado el acuerdo municipal de septiembre de 2024 que establecía un complemento de productividad para los agentes destinados a la vigilancia del litoral. La sentencia, fechada el 22 de octubre, considera que la fórmula de pago aprobada por el Gobierno local no se ajusta a Derecho.
La resolución, que todavía puede recurrirse, supone un contratiempo político para el equipo de Bruno García, que defendió públicamente esta medida. La presencia de policías locales en las playas había sido, además, uno de los asuntos utilizados por el PP en su confrontación política con el anterior Gobierno municipal.
Ahora, el sistema elegido para retribuir esos servicios ha quedado anulado en primera instancia.
El acuerdo aprobado por el Pleno el 26 de septiembre de 2024 contemplaba pagos de 35,29 euros por hora, equivalentes a 317,65 euros por un servicio de nueve horas y 352,94 euros por uno de diez. Según los datos recogidos por Autonomía Obrera, el coste previsto por el Ayuntamiento para aquella temporada ascendía a 221.399,26 euros.
La sentencia concluye que estas cantidades no retribuían un especial rendimiento, iniciativa o productividad de los agentes, sino horas de trabajo realizadas fuera de su jornada ordinaria. Por ello, el magistrado considera que se trataba de una gratificación por servicios extraordinarios encubierta bajo otra denominación.
El fallo también señala que la vigilancia de las playas es una función propia de la Policía Local de Cádiz. Se trata de una actividad previsible, que se repite cada verano y que forma parte de las competencias habituales del cuerpo. Si las necesidades del servicio requieren horas adicionales, estas deben retribuirse conforme a las reglas aplicables a los servicios extraordinarios, no mediante el complemento de productividad aprobado.
Autonomía Obrera exige responsabilidades al Gobierno de Bruno García
Autonomía Obrera, que recurrió el acuerdo a través de sus servicios jurídicos, considera que la sentencia deja en evidencia la gestión del Gobierno municipal. El sindicato asegura que advirtió desde julio de 2024 de las irregularidades de la propuesta y que trasladó sus objeciones tanto a la Mesa de Negociación como a los órganos municipales competentes.
La organización dirige sus críticas al alcalde, Bruno García, y al concejal Juancho Ortiz, que defendieron políticamente el sistema. A su juicio, el Ayuntamiento buscó una fórmula retributiva para mantener el dispositivo de playas pese a las advertencias sindicales, mientras continuaban pendientes otros compromisos económicos con la plantilla municipal.
Autonomía Obrera reclama responsabilidades políticas y recuerda que en 2026 volvió a cuestionar la necesidad de mantener este mecanismo tras la incorporación de más de una treintena de agentes a la Policía Local, según sus datos. En el procedimiento judicial también comparecieron UPLBA y SPLCA, que se opusieron al recurso sindical.
Los policías no tendrán que devolver lo cobrado, pero surgen dudas sobre 2026
La sentencia establece expresamente que la anulación del acuerdo no afecta a las cantidades ya percibidas por los policías que prestaron los servicios ni a los actos individuales de asignación que hayan adquirido firmeza. Por tanto, el fallo no obliga a los agentes a devolver el dinero cobrado.
Distinta podría ser la situación de los complementos correspondientes a 2026. Esos pagos todavía no se habrían efectuado y los expedientes no estarían definitivamente cerrados. La resolución podría complicar su tramitación.
El Ayuntamiento todavía puede presentar recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Mientras tanto, la sentencia supone un revés para una decisión defendida por el Gobierno local y cuestionada desde su origen por Autonomía Obrera, que ahora reclama explicaciones sobre la gestión de este sistema retributivo.