Guardia Civil acompaña al detenido al furgón.
Detenido en la operación Nexus.

La Justicia envía a prisión a dos investigados por la presunta venta de combustible incautado al narcotráfico en Cádiz

La investigación apunta a que gasolina y gasóleo destinados a su destrucción acababan comercializándose en cinco estaciones de servicio. La Guardia Civil investiga posibles delitos de estafa, malversación y organización criminal

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La investigación sobre el destino del combustible incautado al narcotráfico en Cádiz ha dado un paso importante en los tribunales.

Una jueza ha ordenado el ingreso en prisión provisional de dos personas vinculadas a Olivia Petroleum, un antiguo apoderado de la compañía y su hija, por su presunta participación en una red dedicada a comercializar gasolina y gasóleo que debían ser destruidos.

El procedimiento, desarrollado a partir de las pesquisas de la Guardia Civil, trata de esclarecer cómo los hidrocarburos intervenidos en operaciones policiales pudieron terminar a la venta en gasolineras.

Cinco gasolineras bajo sospecha por la venta de combustible intervenido

El Juzgado de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Cádiz ha acordado el encarcelamiento provisional de los investigados, identificados mediante las iniciales A.L.A. y M.L.S., después de examinar los indicios reunidos durante las actuaciones policiales.

La causa se centra en el recorrido que seguían los hidrocarburos una vez quedaban bajo custodia para su eliminación. Desde febrero de 2023, Olivia Petroleum se encargaba de recoger y destruir combustible decomisado en intervenciones contra el narcotráfico.

Sin embargo, la investigación judicial sostiene provisionalmente que parte de esos productos no llegaba a destruirse. En su lugar, habría sido trasladada mediante camiones cisterna hasta cinco estaciones de servicio relacionadas con la hija del principal investigado.

Allí, según las sospechas recogidas en la resolución judicial, la gasolina y el gasóleo volvían a introducirse en el circuito comercial.

Este mecanismo constituye uno de los principales aspectos que los investigadores intentan esclarecer, especialmente por tratarse de mercancías previamente intervenidas en actuaciones policiales y destinadas a un tratamiento específico.

La operación Nexus 26 y los delitos que investiga la jueza

Las actuaciones forman parte de la operación Nexus 26, desarrollada por la Guardia Civil y que desembocó el pasado 12 de noviembre en varias detenciones.

Durante aquella jornada, los agentes de la Unidad de Policía Judicial realizaron intervenciones en instalaciones empresariales situadas en las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva.

La investigación también afecta a dependencias relacionadas con la actividad de Olivia Petroleum. La compañía dispone de instalaciones en la Zona Franca de Cádiz, además de dos naves en Jerez de la Frontera y otra en Chiclana.

La magistrada considera que existen indicios que justifican investigar posibles delitos de apropiación indebida, estafa, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, malversación de caudales públicos y delitos contra la Hacienda Pública y los consumidores.

Como parte de las medidas adoptadas durante la instrucción, también se ha ordenado el decomiso cautelar de cuatro vehículos intervenidos por los agentes: tres automóviles BMW y un Toyota.

La prisión acordada tiene carácter provisional y no supone una declaración de culpabilidad. Las responsabilidades penales deberán determinarse durante el procedimiento judicial.

Olivia Energy Group se desvincula de las sociedades investigadas

La investigación coincide con una reorganización empresarial que Olivia Energy Group (OEG) ha utilizado para precisar su relación actual con las sociedades afectadas.

El grupo ha comunicado que cinco empresas de su antigua estructura fueron transmitidas el 28 de julio de 2026 a Olivia MBO, SL, después de unas negociaciones iniciadas en mayo.

Entre ellas figuran Cádiz Oil and Services, Olivia Valoriza, Estaciones de Servicio Gasolivia, Olivia Comercializadora y Olivia Solar.

Según la explicación facilitada por OEG, aquella operación respondió a una decisión empresarial de abandonar las actividades relacionadas con las gasolineras y el reciclaje para concentrar sus recursos en las operaciones portuarias de graneles líquidos en Cádiz.

La compañía también ha señalado que A.L.A. dejó de ocupar responsabilidades directivas dentro del grupo desde el 28 de julio y que su relación laboral terminó oficialmente el día 31 de ese mismo mes.

OEG atribuyó esa desvinculación a una pérdida de confianza por parte de la administración de las sociedades.

Mientras tanto, la instrucción judicial continúa centrada en determinar el destino del combustible intervenido, las operaciones comerciales presuntamente realizadas y la participación concreta de cada una de las personas investigadas.