La pesca andaluza se enfrenta a pérdidas de hasta 50 millones tras expirar el acuerdo entre la UE y Mauritania
Los puertos de Cádiz, Algeciras, Huelva y Sevilla piden una solución inmediata a Bruselas para evitar que la paralización de 25 pesqueros afecte al empleo, las lonjas y las empresas del sector
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La finalización del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania ha abierto un escenario de incertidumbre para la flota andaluza y las empresas que dependen de sus capturas.
El protocolo que permitía trabajar en aguas del país africano expiró el 14 de noviembre sin que las negociaciones hayan desembocado en una renovación.
Ante esta situación, las autoridades portuarias de Cádiz, Algeciras, Huelva y Sevilla han reclamado una intervención urgente que permita mantener la actividad. El sector calcula que la falta de acuerdo podría ocasionar pérdidas de entre 40 y 50 millones de euros.
Cádiz y Barbate, entre los puntos más afectados por la interrupción pesquera
Las consecuencias del vencimiento del protocolo pueden sentirse especialmente en la provincia de Cádiz, donde la actividad pesquera sostiene negocios que van mucho más allá de los barcos.
La lonja del puerto de la capital gaditana se enfrenta a una reducción de su actividad de hasta el 50% mientras no se restablezcan las condiciones para faenar en aguas mauritanas.
La preocupación también alcanza a Barbate. Las empresas vinculadas a la pesca de cerco y las industrias transformadoras temen que una interrupción prolongada obligue a desplazar parte de sus operaciones hacia otros puertos.
Esta posibilidad supondría un problema añadido para las instalaciones que reciben, comercializan y distribuyen las capturas, además de para las compañías que prestan servicios a los pesqueros.
El impacto tampoco quedaría limitado a Cádiz. Las autoridades portuarias advierten de que el transporte, la logística, la distribución comercial y la industria auxiliar están expuestos a las consecuencias de una paralización de la flota.
Un total de 25 barcos andaluces, pendientes de las negociaciones con Mauritania
El protocolo que acaba de vencer estaba en aplicación desde noviembre de 2021 y autorizaba la actividad de embarcaciones pertenecientes a diez Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España.
De los 60 barcos europeos autorizados para operar en este caladero, 25 corresponden a Andalucía. Esta presencia explica la inquietud de las instituciones y de las empresas ante la ausencia de un nuevo marco que garantice la continuidad de las operaciones.
La situación ha llevado a representantes de los cuatro puertos andaluces a mantener una reunión con el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, y con representantes del sector extractivo.
Durante el encuentro se analizaron las repercusiones económicas y laborales de la falta de acuerdo, así como las dificultades para desbloquear unas conversaciones que llevan meses sin ofrecer una solución.
La principal preocupación es que el tiempo necesario para alcanzar un nuevo entendimiento termine agravando los problemas de las empresas que dependen directamente de la actividad en el caladero mauritano.
Los puertos reclaman una salida provisional para evitar más pérdidas
La petición trasladada a las instituciones europeas contempla dos alternativas: acelerar la firma de un nuevo protocolo o establecer un mecanismo temporal que permita recuperar las operaciones mientras prosiguen las negociaciones.
El problema tiene también una dimensión internacional. La cooperación pesquera entre Bruselas y Mauritania se remonta a 1987 y constituye una de las principales relaciones de la Unión Europea con terceros países en esta materia.
El protocolo vencido contemplaba una aportación comunitaria de 60,8 millones de euros anuales y posibilidades de captura de hasta 280.050 toneladas de distintas especies.
España, Portugal, Países Bajos y Letonia ya habían solicitado a la Comisión Europea que estudiara una prórroga para impedir la interrupción de las faenas.
Las autoridades portuarias andaluzas insisten en que cualquier retraso afecta tanto a la actividad marítima como a las relaciones comerciales con África. Por ello, consideran prioritario recuperar cuanto antes un marco estable que permita a los barcos regresar al caladero y a las empresas organizar sus operaciones con garantías.
La negociación continúa sin que se haya comunicado una fecha para la entrada en vigor de un nuevo protocolo.