La presión de los vecinos consigue paralizar, temporalmente, el desahucio en Cádiz de Marisol y Juan Antonio
El Sindicato de Inquilinas de Cádiz logra frenar por segunda vez el desahucio de una familia tras 22 años en su vivienda
El Sindicato de Inquilinas de Cádiz ha conseguido una nueva victoria frente a un proceso judicial que amenazaba con el desahucio y con dejar en la calle a Marisol y Juan Antonio, una pareja gaditana que lleva 22 años residiendo en su vivienda ubicada en la calle Matrona Modesta Calvo, situada tras el Hospital Puerta del Mar.
Este lunes 19 de enero, la entidad bancaria BBVA y la gestora inmobiliaria Divarian solicitaron la suspensión provisional del desahucio durante 30 días, forzados, según el colectivo, “por la presión popular y la resistencia de la familia”.
Se trata de la segunda paralización temporal del lanzamiento, luego de que el pasado 26 de noviembre se lograra una primera suspensión ante la movilización de los vecinos y el acompañamiento del Sindicato.
Pese a ello, la organización decidió mantener la convocatoria del “Stop Desahucio” prevista para la mañana del lunes “por seguridad y para evitar una nueva vulneración del derecho a una vivienda digna”, según explicaron a través de sus redes sociales.
Desde el Sindicato denuncian que, pese a los intentos de diálogo, BBVA y Divarian rechazaron cualquier tipo de negociación con los miembros de la familia, reactivando el procedimiento judicial y dejando a Marisol y Juan Antonio en una situación de extrema vulnerabilidad.
La justicia, tras la primera suspensión, solicitó documentación de tipo adicional para evaluar la posibilidad de una suspensión indefinida del lanzamiento. No obstante según el colectivo, “ni la acreditación de la vulnerabilidad económica, ni la pensión limitada de Juan Antonio, ni sus enfermedades cardiorrespiratorias y discapacidad reconocida han sido suficientes para frenar un proceso que favorece la especulación inmobiliaria”.
La pareja, sin red de apoyo familiar en Cádiz, ha pasado “un mes de espera agonizante”, entre tanto observaban cómo el tiempo corría sin una resolución definitiva. La respuesta judicial, llegada a menos de una semana de la fecha prevista para el desalojo, ha dificultado mucho incluso organizar una mudanza o el traslado de los enseres acumulados durante más de dos décadas.
Críticas al Ayuntamiento de Cádiz por su falta de actuación
El Sindicato de Inquilinas también ha sido sobre todo crítico con el papel del Ayuntamiento de Cádiz, al que acusan de “ausencia total” durante el proceso.
“Los servicios sociales municipales solo se pusieron en contacto con la familia después de que se lograra paralizar el primer desahucio, y únicamente ofrecieron adelantar su posición en la lista de espera de Procasa, sin ninguna propuesta real de realojo inmediato ni mediación con el banco o los juzgados”, han denunciado desde la organización.
Ante esta situación, el Sindicato ha pedido al alcalde Bruno García que “actúe con determinación y rapidez para evitar una desgracia humana de tal calibre”.
“La inacción institucional les convierte en cómplices necesarios del desahucio”, aseveran. La entidad también recuerda que la moratoria estatal y el decreto antidesahucios no garantizan la protección real de las familias vulnerables, puesto que “siguen quedándose personas en la calle mientras las administraciones miran hacia otro lado”.
Una llamada a la solidaridad ciudadana en Cádiz
En su comunicado, el Sindicato de Inquilinas subraya que solo la movilización social junto con la solidaridad vecinal pueden frenar situaciones como la de Marisol y Juan Antonio.
“Cuando nos organizamos y nos ponemos delante, los desahucios se paran. No pararemos hasta que esta familia se quede en su casa”, indican.
Por ello, mantienen su llamamiento a todos los ciudadanos y ciudadanas de Cádiz para que acuda a cada convocatoria y defienda el derecho a la vivienda, recordando que “ni los bancos ni los fondos buitre tienen más derecho que quienes habitan y cuidan los barrios”.